Con sus problemáticas particulares y retos comunes, México y la Unión Europea, trabajan de la mano para consolidar los derechos humanos, haciendo énfasis en que los avances no solo tienen que quedar registrados en el papel, sino que han de tener una implementación efectiva.
En México este punto es especialmente delicado, dado que el país arrastra lastres como el de los desaparecidos, hay más de 34.600 en el país, según el registro oficial, o el de la violencia, que ha hecho que 2017 sea el año más violento desde hace dos décadas, con un total de 25.339 homicidios dolosos. Asimismo, el país latinoamericano tiene entre sus focos rojos la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En la región también preocupa, por ejemplo, la violencia contra los comunicadores -por casos como el de la periodista Daphne Caruana, asesinada en Malta- y la cuestión de si se está reduciendo el espacio de la sociedad civil. A esto se suman otros desafíos comunes a ambas partes, como la violencia contra la mujer, los temas de acceso a la justicia y la impunidad.
En México se ha avanzado mucho en leyes en los últimos años; por ejemplo, con la aprobación en el pasado mes de octubre de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
No obstante, es complicado el tema de que no solo se escriban las leyes, sino que sean efectivas. A la hora de encontrar vías de colaboración, la Unión Europea podría ayudar a México en formación policial, cooperación policial e inteligencia, dado que Europa está muy centrada en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Los eurodiputados han tenido oportunidad de reunirse con miembros de la sociedad civil, quienes hacen visible que se necesita algo más que buenas palabras para enfrentar los problemas.
Estas semanas, México y la Unión Europea están inmersos en la negociación para la modernización de su Acuerdo Global, en vigor desde 2000. En este sentido, la relevancia que tiene la llamada cláusula democrática incluida en el texto, con la que ambas partes se comprometen a proteger los derechos humanos; sin embargo, se considera preocupante que los actores de la sociedad civil, europea y mexicana, no hayan sido convocados para participar en el proceso de actualización.
Se entiende que no se puede aprobar un acuerdo global de libre comercio de este calado sin tener en cuenta cláusulas vinculantes que pongan los derechos humanos por encima de los intereses de las grandes corporaciones; así mismo, la perspectiva de género no va a ser integral, lo que puede parecer un escándalo, teniendo en cuenta la situación de violencia contra las mujeres en México.
Ahora se proponen algunas iniciativas para reforzar esta materia a través de la modernización del Acuerdo, entre ellas, crear un Comité Permanente de Derechos Humanos que evalúe el cumplimiento de la cláusula e incluya a la sociedad civil, que se emitan informes periódicos sobre la situación y que la cláusula democrática se someta a revisión periódica para que sea realmente vinculante.
En los últimos años, la Unión Europea ha trabajado en México con numerosos proyectos de cooperación, que han tocado temas como la violencia contra niñas y mujeres, los derechos de las empleadas del hogar y el desarrollo de la infancia en sectores vulnerables.