Sin presupuestos, con escasas opciones de legislar en el Parlamento, el partido debilitado en las encuestas y en las urnas -elecciones catalanas- y el principal socio endureciendo sus exigencias, la relativa estabilidad que ha disfrutado el Gobierno de Mariano Rajoy en el primer año de esta legislatura corre riesgo de quebrarse.
A todos estos frentes el PP suma el desgaste que puedan causarle los casos de corrupción que juzgan los tribunales y la inquietud entre los líderes regionales por las malas expectativas a poco más de un año de los comicios locales y autonómicos, lo que configura un escenario bien distinto al de hace un año.
Tras lograr la investidura con el apoyo de Ciudadanos y de dos diputados regionalistas de Canarias, el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue capaz de tejer un amplio acuerdo sobre el techo de gasto, respaldado por las administraciones regionales socialistas, y meses después, otro sobre los presupuestos para 2017, que contaron con los votos de Ciudadanos y PNV.
El Gobierno sentó también las bases para poner en marcha pactos para luchar contra la violencia machista, paralizar algunos aspectos de la ley de educación -Lomce- o incrementar el salario mínimo, entre otros asuntos. Todo ello mientras la espiral ascendente del desafío independentista en Cataluña absorbía la actividad política.
Una coyuntura relativamente plácida para el Ejecutivo que con 137 diputados de un total de 350 sabe desde que la legislatura echó a andar que la gobernabilidad no será fácil.
El Gabinete también ha conjurado una de las posibilidades que la aritmética parlamentaria puede depararle: verse obligado a aplicar leyes o políticas que rechaza. Hasta ahora lo ha conseguido ateniéndose al precepto constitucional que le permite vetar cualquier iniciativa que tenga efecto sobre los presupuestos, pero la decisión final ha quedado en manos del Tribunal Constitucional.
La estrategia del Gobierno pasa por resistir, tomar la iniciativa política y confiar en que la ola en que Ciudadanos se ha subido tras el éxito en Cataluña mengüe y, en paralelo, las expectativas electorales del PP mejoren ayudadas por los buenos datos económicos.
El plazo para aprobar un nuevo presupuesto para 2018 concluye a mediados de abril. Si en otoño el Ejecutivo aceleraba en busca de un acuerdo que la situación de Cataluña dejó en suspenso, en las últimas semanas no manifiesta inquietud ante la posibilidad de que haya que prorrogar los de 2017 incluso en más de un ejercicio.
Tampoco puede descartarse que finalmente haya nuevas cuentas para 2018. Las diferencias del Gobierno con Ciudadanos y con el PNV no parecen insalvables, en el caso de los nacionalistas vascos siempre que se forme Gobierno en Cataluña y el artículo 155 de la Constitución que permite la intervención del Estado deje de estar vigente.
Otro de los aspectos que han cambiado en el escenario político y cuya incidencia sobre el futuro del Ejecutivo es más directa es la situación de Ciudadanos. Cuando firmó el acuerdo de investidura de Rajoy venía de un resultado electoral -junio de 2016- en el que había perdido ocho de sus cuarenta escaños. Ahora atraviesa el mejor momento de su historia y entre las opciones a su alcance está la de aprovechar el momento para volver a las urnas.
Para ello sería necesario que la oposición llegara a un acuerdo para presentar una moción de censura y, tras ser aprobada, disolver el Parlamento, porque la posibilidad de fraguar un nuevo Gobierno al margen del PP que contara con apoyos suficientes parece remota.
En resumen, el Gobierno encara su segundo año rodeado de dificultades pero dispuesto a seguir adelante y estirar la legislatura todo lo posible en espera de mejores tiempos. Que pueda o no conseguirlo depende, sobre todo, de terceros.
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