La Unión Europea, junto con Noruega y Suiza, expresaron su preocupación por los ataques y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, lo que es indicio de que nuestro país la violencia sigue y en forma preocupante.
En este momento resulta esencial que los defensores de derechos humanos puedan hacer oír su voz y que se garantice el derecho a la participación política, situación que se presenta en medio de una campaña electoral bastante difícil y complicada para el país.
Según datos preliminares de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, citados en la información, los ataques contra defensores de derechos humanos en Colombia aumentaron en un 30 % el año pasado y al menos 106 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017, cifra que supone un aumento del 32,5 % en comparación con 2016.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo registró entre enero de 2016 y el 27 de febrero de este año un total 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. En 2016, la entidad aseguró que 134 líderes y defensores perdieron la vida, mientras que el año pasado se registraron 126 víctimas y durante este año se contabilizan 22 homicidios.
La Unión Europea instó al Gobierno a que siga garantizando la protección efectiva de los líderes sociales, con especial atención a la protección colectiva y comunitaria.
Una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia; además se ha encontrado que la estigmatización contra este grupo poblacional es un factor que aumenta el riesgo al que se encuentran expuestos. Se ha revelado que los homicidios, atentados contra la vida e integridad personal y amenazas, se dirigen contra un grupo que comparte características semejantes y a su vez, estas violaciones se han presentado en la misma zona geográfica y espacio temporal.
Para combatir estas cifras tan alarmantes se hace necesario un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales. Urge aumentar los esfuerzos investigativos para esclarecer los móviles y los responsables de estos hechos, así como los mecanismos de protección individual y colectiva para prevenir eventuales ataques. Además, ante la insuficiente financiación que ha puesto de presente al Gobierno nacional, se advierte del riesgo que corre la consolidación de la paz.
La lucha contra la impunidad unida a la investigación rigurosa y contextual son elementos fundamentales para acabar con los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos; así mismo, el bloque comunitario valoró el trabajo de los líderes sociales como el centro de su estrategia de derechos humanos en el país, ofreciendo su colaboración a organizaciones sociales, instituciones públicas y defensores.