El atentado que sufrió el pasado 4 de agosto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha convertido en un escenario que puede llevar a que el partido opositor Primero Justicia, Pj, termine desmembrado, como sucedió con Voluntad Popular, y cuyos dirigentes sufren una persecución.En el Pj, creado hace 18 años poco tiempo después de haberse iniciado la llamada revolución bolivariana, militan los diputados Julio Borges y Juan Requesens, dos de los acusados del atentado que sufrió Maduro el 4 de agosto, cuando varios drones con cargas explosivas detonaron durante un acto que encabezaba el presidente.
Esta organización llegó a denunciar en un momento que 245 de sus militantes habían sido víctimas de persecución por parte del Gobierno, que este año otorgó libertad con restricciones a Gilber Caro, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel y Daniel Ceballos, todos activos críticos contra Maduro antes de ser arrestados. López, sin embargo, sigue preso en su domicilio y cumple una condena de casi 14 años por los hechos violentos que ocurrieron al final de una marcha convocada el 12 de febrero de 2014. Desde ese año, Vp, hoy con sus principales voces disgregadas o acalladas, comenzó a denunciar el hostigamiento en su contra.En tanto que en 2016, luego de que el dos veces candidato a la Presidencia y militante de Pj Henrique Capriles promoviera el referendo revocatorio contra Maduro -mecanismo que fue impedido por órdenes de tribunales ante un supuesto fraude en la solicitud-, las denuncias de amedrentamiento por parte de este partido aumentaron. Los señalamientos contra los líderes de Pj por parte del Gobierno de Maduro escalaron en 2017, cuando el diputado Borges presidió el Parlamento, de mayoría opositora, y tras las protestas antigubernamentales de ese año, por las que también denunciaron la detención de varios de sus concejales.Maduro comenzó a referirse en ese año a Borges como el jefe de la oposición y no ahorró descalificativos y advertencias luego de que el diputado iniciara una gira internacional para denunciar la crisis política venezolana.Entre esas denuncias figuró la situación del Parlamento, que fue despojado de sus funciones legislativas ante un desacato a las sentencias de la máxima corte -a la que la oposición acusa de actuar del lado del Gobierno- casi inmediatamente después de haberse instalado en 2016. Aunque, en general, los dirigentes opositores aseguran que son seguidos en sus recorridos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en los últimos meses Borges, y en especial el secretario general de este partido, Tomás Guanipa, han denunciado amedrentamiento por parte de este organismo.