La aplicación de la reforma fiscal en Costa Rica ha generado esta semana un choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, luego de que la Corte Plena decidiera no acogerse a unas medidas incluidas en la reforma para frenar el crecimiento del gasto.
El principal punto de discordia es el cálculo de una serie de pluses salariales. La reforma fiscal establece que las anualidades e incentivos del sector público deben calcularse de manera nominal, y ya no como un porcentaje del salario, como se hacía anteriormente.
Trascendió que la Corte Plena decidió que los pluses salariales del Poder Judicial se seguirán calculando de forma porcentual y se justificó en interpretaciones de fallos de la Sala Constitucional y de artículos de la propia reforma que indican que los salarios de los trabajadores no podrán ser disminuidos y que se deben respetar sus derechos adquiridos. Ante esto, se hizo un recorte de 2.500 millones de colones, 4,3 millones de dólares) al proyecto de presupuesto del 2020 del Poder Judicial, dinero que estaba previsto emplearse en el fortalecimiento de los juzgados contra la corrupción y el crimen organizado.
El dinero para los juzgados anticorrupción fue una solicitud expresa del Poder Judicial, que argumentó que no contaba con suficientes recursos para financiarlos. Lo que no se informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635, reforma fiscal, y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses. El Poder Judicial y los sindicatos del sector han criticado la medida tomada por el Ministerio de Hacienda.
La Corte Plena manifiesta su preocupación a la ciudadanía por esta decisión repentina de la ministra de Hacienda. El abordaje del flagelo del crimen organizado debe sustentarse en acciones articuladas entre los tres Poderes de la República y la Corte aseguró que sí está cumpliendo con la regla fiscal incluida en la reforma tributaria y que la prueba es que su proyecto de presupuesto de 2020 no tiene crecimiento comparado con el de 2019.
La reforma fiscal ha traído una serie de choques del Gobierno con instituciones autónomas y sindicatos. A inicios de este mes los sindicatos del sector salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ccss, estuvieron en huelga una semana en protesta por el cambio del cálculo de pluses salariales a la forma nominal.
Los sindicatos argumentan que la Ccss, que administra los servicios públicos de salud, debe quedar fuera de la reforma tributaria por ser una entidad autónoma que no recibe presupuesto del Gobierno. La huelga concluyó con el acuerdo de que los tribunales definirán si la reforma fiscal aplica a la Ccss en materia de pluses salariales, un proceso que podría tardar años.
Por otra parte, la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso que busca eximir a las alcaldías de la regla fiscal y ordenó que ésta no debe ser aplicada hasta que no haya emitido un fallo al respecto. La polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado fue aprobada por el Congreso el 3 de diciembre de 2018, pese a una huelga sindical que se extendió por tres meses, principalmente en el sector educativo.
La reforma tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado, IVA, de la misma tasa, que entró a regir el pasado 1 de julio y grava todos los servicios -que antes estaban exentos- así como algunos productos y servicios de forma diferenciada.
Según el Gobierno, la reforma busca paliar el déficit, que en 2018 fue del 6 % del PIB, y la deuda, 53 % del PIB en 2018, mediante la obtención de nuevos ingresos y la contención de gasto público.