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Jue, Mar

Tutela contra la indolencia

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Cesar Arismendy Morales

Cesar Arismendy Morales

Columna: Reflexiones

e-mail: cesaridys@hotmail.com

Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.



Unos días antes de finalizar enero, las instituciones nacionales como el DNP, el DPS, el ICBF, ANSPE, la procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de La Guajira y la comunidad de alcaldes de los municipios de La Guajira nos reunimos para deliberar y construir una agenda departamental sobre la seguridad alimentaria y nutricional del departamento.

En esa oportunidad, en calidad de Jefe del Departamento Administrativo de Planeación pude presentar el mapeo y el grado de inseguridad alimentaria de los municipios de La Guajira. Se determinó que Uribia, Manaure, Dibulla, Maicao y Riohacha, son los municipios de mayor impacto. Igualmente, dimos a conocer un trabajo del observatorio de infancia relacionado con la muerte de niños menores de cinco años por desnutrición.
El alcalde municipal de Uribia, alertó de la crisis humanitaria que se evidenciaba en la Alta Guajira por falta de aprovisionamiento de alimentos por el cierre de la frontera con Venezuela. Fabio Villa, director de regiones del Departamento de la Prosperidad Social fue mucho más allá y con base en las cifras que mostramos del DANE, pidió de manera urgente denunciar las muertes de niños por desnutrición. Él explicaba “Las muertes por desnutrición deben ser investigadas, pues no se trata de un hecho natural sino de algo que debe quedar claro ante la sociedad”. Todos callaron, incluso el gobernador encargado del departamento.
Después de un largo silencio, me arriesgué y asumí ante ese grupo de instituciones ese compromiso como Secretario Técnico del Consejo de Política Social del Departamento. En lo profesional y como ciudadano, me pareció un gran reto para un cambio de conducta en nuestra forma de actuar en el sector de la infancia. Pero más que eso, lo creí conveniente como la mejor medicina para desterrar la indolencia del departamento y construir una agenda de compromisos con la nación.
Como muchas de las reuniones, llegó la hora del viaje y al medio día los funcionarios nacionales salieron corriendo para Bogotá, otros se dispersaron a sus municipios. El único compromiso relevante fue el que asumí frente a la denuncia. Así comprendí que esa reunión se centró sobre el deseo y no sobre la voluntad de cambiar las cosas.
Quince días después y convencido de darle salida a la tarea, logré estructurar la denuncia con las cifras oficiales del DANE y la impetré ante la Fiscalía. Cuando esta acción se dio a conocer a los medios de comunicaciones, esas mismas instituciones que antes la recomendaron comenzaron a cuestionarme y me cayeron encima.
Con la tranquilidad que brinda el deber cumplido, seguí procesando y trabajando las cifras del DANE, sumando y restando en cinco años logré rastrear con nombres y apellidos a 4.171 niños muertos menores de cinco años. Ese si es el verdadero desastre, que debía hacerlo conocer y como complemento de la denuncia interpuse una acción de tutela ya que lo que se nota en nuestro departamento es la existencia de un estado generalizado de déficit de derechos, en especial en los pueblos indígenas.
La tutela entonces, no es resultado de cálculos políticos como algunos piensan, es el resultado de cálculos sociales para hacer concurrir a la nación para solucionar esta hecatombe. Cierren sus ojos y piensen en un lugar convertido en camposanto con 4.171 cruces. Eso es lo he pensado muchísimas veces y es mi gran motivación para que ello se recuerde y no vuelva ocurrir.



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