Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
La prensa regional en las dos últimas semanas ha venido destacando hechos violentos contra las mujeres. La muerte de Karen Pavea y su bebé, es la manifestación de una bárbara conducta que socialmente no se puede tolerar. Los Estados y las regiones desarrolladas, hoy tienen como uno de sus indicadores del desarrollo humano los actos contra la vida e integridad de las mujeres, en la medida en que estos no se presenten, una sociedad se considera más desarrollada y madura en su convivencia.En Colombia y La Guajira en donde los episodios violentos contra las mujeres campean, es necesario que demos el salto hacia espacios de solución respetuosa de los conflictos intrafamiliares. Amartya Sen lo denomina la “Agencia”, es decir, que se respete el valor y la autonomía que tienen las mujeres en los espacios privados y públicos, que les permitan de manera definitiva participar activamente al interior de la unidad familiar y en la sociedad.
Es por ello que en La Guajira es hora de superar las concepciones de la mujer como amas de casa o vientres únicos de la reproducción física y generacional de nuestros hijos. No más mujeres sacrificadas. Es hora que entre todos podamos abordar acciones coherentes y sistemáticas para cambiar la actitud de los hombres cavernícolas que usan el garrote de manera indiscriminada.
En La Guajira aún estamos en deuda, ya que la institucionalidad no cuenta con los instrumentos que permitan garantizar suficientemente el goce efectivo de los derechos de las mujeres. La política pública se remite al cumplimiento de la Ley de cuotas (Ley 581 de 2000). Las políticas de erradicación, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la prevención del embarazo adolescente y la incorporación de los derechos de la mujer rural, no han evolucionado de manera rápida y masiva, mostrando sus rezagos frente a otros departamentos.
Con la Ordenanza No. 332 de 2011, se ha pretendido adoptar los mecanismos para garantizar efectivamente para todas las mujeres, en el marco del principio de concurrencia, una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Este instrumento ha demostrado la necesidad de músculos institucionales para hacerlo realidad.
Han sido pocos los logros en torno de incorporar en el sistema educativo la dimensión de protección a las mujeres, desde bases conceptuales integradoras, interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales, que garanticen transformaciones y la consolidación de una cultura de protección.
A fin de fortalecer los mecanismos de género y brindar las herramientas para el desarrollo de sus capacidades, es necesario trabajar en el fortalecimiento institucional que propenda por la participación transversal de la mujer en igualdad de condiciones. Es conveniente la erradicación, prevención y atención de la violencia contra la mujer con acciones concretas mediante el fortalecimiento de las comisarías de familia. Igualmente, la prevención del embarazo adolescente, en la generación espacios de participación y emprendimiento en las mujeres rurales, promocionar acciones encaminadas a la reducción de la discriminación y generación de oportunidades, en el escenario de desplazamiento forzado.