Cuando el Presidente Uribe lanzó su idea de la “resistencia civil” surgieron muchas preguntas. El terminó se explicó, pero al tener que explicarse, se perdió un poco su misma esencia.
Esto lo aprovecharon periodistas malintencionados, cuyos medios están comprados a punta de pauta, para venderle la idea al público de que la “resistencia civil” es mala, incita a la violencia y a la revolución y nace del egoísmo y envidia del CD. De hecho, la “resistencia civil” es todo lo contrario: es la no violencia en interés de la nación. Es el mecanismo de las minorías, o las mayorías que no están en el poder, para desafiar un régimen, o las medidas de un régimen que consideran injustas y que no se identifican con el mejor interés de la nación. No es rebelión, es simplemente disenso y no cooperación para que no se pueda adelantar la agenda del régimen de turno y que este entienda que lo que se está haciendo, se está haciendo mal. Pero, en términos sencillos, la “resistencia civil” no es más que reservase el derecho a disentir y a rectificar el rumbo democráticamente. Y eso no nos lo pueden quitar. Si parte de la población no está de acuerdo con las medidas del Gobierno, se puede disentir. Y si esa población llega al poder más adelante democráticamente, se puede deshacer lo hecho. Ese derecho es precisamente lo que Santos, y todos los juristas pagos a su servicio, están tratando de echar por la borda. Lo que pretenden no es blindar la paz, sino blindar a los terroristas para que haya impunidad y puedan llegar al poder. Básicamente que, no se pueda hacer nada contra ellos, es decir que no paguen cárcel, que se les amnistíen sus capitales y que puedan participar en política y, después, que nada ni nadie pueda cambiar o reversar el curso de los acontecimientos. Así, en aras de darles seguridad y blindar a los terroristas, de la sociedad que fue víctima de sus crímenes y de la comunidad internacional, se va a manosear el orden institucional y la Constitución. Se van a elevar los acuerdos al bloque de constitucionalidad, dándoles un carácter incluso superior al de la Constitución, lo cual incluye no sólo el “blindaje” para las Farc, sino cambios constitucionales y la introducción de políticas de Estado y de Gobierno, que van a ser el caballo de batalla de las Farc en su participación política futura, y que en realidad merecen ser votadas por el constituyente primario y debatidas y concertadas por la nación, y no por unos cuantos en La Habana. Se trata de justificar el camino con el cuento de que todo ello será aprobado por el pueblo, en un referendo, plebiscito o consulta, pero este mecanismo será el de un mero sí o no, sin garantías (toda la mermelada va a ir a la campaña del sí), con unos umbrales amañados, sin preguntarle al constituyente, de manera independiente, por cada uno de los componentes de los acuerdos, y con la idea de que los acuerdos sean inmodificables al ser superiores a la Constitución. Y si todo esto fuera poco, se le darán facultades extraordinarias al Presidente para reglamentarlo todo a su antojo. Todo esto es inaceptable y viola todos los principios democráticos. Pretender blindar a los terroristas de manera pétrea y de espaldas al país es un abuso. El fin nunca puede justificar los medios. Por eso hay que resistir. Hay que hacer oposición democrática, una “resistencia civil”, para que no se destroce la institucionalidad y no se permita una cláusula pétrea en la Constitución, inamovible, que blinde y lave todos los pecados de los terroristas, para que después les sea fácil someternos al socialismo venezolano del Siglo XXI. Por ello ¿Y quién nos blinda a nosotros? Aparentemente, nadie.
Tercio Extra: El Presidente Santos va realizar la boda de su hija en la Hacienda Hatogrande, que es lo mismo que hacerla en la Casa de Nariño. Me parece que es un despropósito que refleja, así él pague por el ágape, la falta de delicadeza que lo caracteriza y el manoseo que le está dando al país y a sus instituciones.