El gran acuerdo nacional que nos debe llevar a la Ley de Regiones es la oportunidad para reformar el Estado en materia territorial. Es hora de repensar su organización para acondicionarlo a las necesidades de un país en marcha que, contra toda lógica, se está recentralizando.
El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) están revisando el borrador de la Ley de Regiones que ha sido redactada y discutida en el seno de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y el Ministerio de Interior.
La propuesta de una nueva organización del territorio nacional en regiones sólidas en materia económica y la asignación de recursos para que este esquema se mantenga debe contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. La gran discusión girará en torno a las rentas de destinación específica que deben tener un enfoque social (Art. 357 de la Constitución Nacional) y la dificultad para ceder o crear nuevas rentas para fortalecer las finanzas de las nacientes regiones. El Estado Central deberá, entonces, ceder recursos y competencias.
Hay que crear el espacio político para que a través de una gran reforma se redefinan las rentas actuales para que las regiones sean viables.
El Centralismo, en su afán de fortalecerse, asume más funciones, más competencias y más recursos. Hoy, el Gobierno Central a través de sus ministerios y agencias presidenciales maneja el 85 % de las rentas del país. El DPS, por ejemplo, construye viviendas y vías sin mucha injerencia del nivel local.
El gran cambio está en racionalizar el tamaño del Gobierno Central y fortalecer lo local. Hay que partir de la base de que el gran acuerdo nacional sobre las regiones requiere de unos controles nacionales muy estrictos con sanciones ejemplarizantes, de tal manera que haya transparencia en el manejo de los recursos.
Hay dos ejes que mueven el Estado: la contratación pública y el presupuesto. La discusión será sobre qué pueden hacer las entidades territoriales regionales con mayor eficiencia. Actualmente, el Estado Central se vuelve cada vez más ineficaz por la contratación y magnitud de los recursos que maneja, y los resultados tienen que medirse para analizar su real desempeño.
Como el Estado Central es el que más gasta —y muchas veces no lo hace en el año fiscal correspondiente— empieza a hacerlo a través de “convenios” con sus entidades y de esa manera figura como ejecutado sin que esto sea real, por ejemplo, contrata con Findeter o Fonade para “cumplir”, pero sus resultados de desempeño conllevan a la ineficacia y muchas veces al mal manejo de recursos y la impunidad.
De allí la necesidad de crear Regiones con responsabilidades o competencias de primer orden para el desarrollo de proyectos de alto impacto y con controles exhaustivos para que haya transparencia y eficiencia.
Si le ceden a las regiones competencias y recursos habrá mayor responsabilidad en la ejecución de los proyectos. Colombia ya tiene un nivel de madurez institucional y de organización de su Estado para dar este gran paso.
El cambio para que sea efectivo debe ir de la periferia al centro (de las regiones al centro), cuando esto ocurra habrá un verdadero nivel de compromiso y renovación, pero si el cambio se produce al revés no pasará nada porque la periferia no está ordenada y organizada que es lo que se busca con la Ley de Regiones, por lo tanto fracasaría.
Hay que darle oportunidad a la Autonomía Regional, ya.