Pasó lo que muchos no pensaron: la gente salió a votar contra la corrupción y le envió un claro mensaje no solo al Gobierno sino al país que ha aceptado este pecado como parte del paisaje nacional. Más de 11 millones de votos sin intervención del clientelismo de siempre y con el voto negativo de muchos seguidores del Centro Democrático, deben marcar un cambio en esta sociedad que se acostumbró a que los empresarios pagaran coimas y financiaran campañas para obtener proyectos; a que los políticos se enriquecieron con estas prácticas y a que muchos individuos creyeran que esa era la forma de vivir.
No se lograron los 12 millones necesarios para que la consulta fuera avalada, pero con esta participación insólita que expresa un cambio político importante de la ciudadanía, se inicia una recuperación de esos valores de transparencia que se han perdido en todos los estamentos de Colombia. Quedó en evidencia que si algo desespera a los colombianos es precisamente este flagelo y ésta es la mínima conclusión a que puede llegarse frente a estos resultados.
Ante la euforia que es justificable, no deben subestimarse resultados preocupantes.
El primero es que la Región Caribe con sus siete departamentos aparece como una donde se dio la mayor abstención. Increíble, porque es precisamente en esta parte del país donde los escándalos son permanentes y con frecuencia dejan comprometidos no solo a la clase política sino a destacados empresarios. Más aún, Barranquilla es la única ciudad entre las más importantes del país que registró niveles de participación tan bajos. Aparentemente tanto en esta ciudad como en toda la región, está haciendo carrera la tesis de que no importa que los dirigentes roben si realizan obras. Muy grave esta posibilidad si realmente es cierta.
El segundo hecho es la baja participación en esta consulta en lugares donde el Centro Democrático tiene gran representación como Medellín. De nuevo, no deja de repetirse el esquema que ya parece convertirse en el comportamiento permanente de este partido al cual pertenece el Gobierno del presidente Duque. Mientras el presidente apoya la consulta, su partido se opone no solo en términos teóricos sino prácticos; sus fieles seguidores no votaron esta consulta anti-corrupción.
El país no puede seguir aceptando esta doble faz del Gobierno y de su partido como una conducta permanente. Si se trata de desconcertar a los colombianos lo han logrado, pero sin duda esto perjudica al Gobierno y específicamente al presidente. No es sano para esta administración y mucho menos para el país que permanentemente muchos se pregunten quién es el que realmente manda en Colombia y quién será el que lo hará durante estos próximos cuatro años.
Es un período complejo como para aceptar que existan dos voces que vienen del mismo ideario político que parece que nunca se ponen de acuerdo. No había vivido Colombia una situación similar en la cual un partido que tiene el máximo poder en el manejo de los asuntos nacionales parece ser el principal contradictor del Gobierno. Si lo que el expresidente Uribe está tratando de demostrar es que él sigue siendo “el presidente eterno”, el mayor perjudicado será no solo el Gobierno actual sino todo lo que trate de hacer esta administración. Una situación insólita y muy dañina también para esta sociedad que quiere paz y no esta especie de guerra que se está percibiendo.
No obstante, el buen resultado de la votación en esta consulta que tuvo el gran logro de poner el tema en el centro del debate, debe reconocerse que es solo el comienzo del largo camino para que Colombia logre la transparencia que requiere en el manejo de los recursos públicos y privados, que lo reivindicarán como país ante su propio pueblo y ante el mundo. Falta ver cómo el presidente Duque resolverá sus contrad icciones sobre este tema de la corrupción con sus pares en el Congreso de la República.