El histórico fallo de la Corte Constitucional que nació de la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto declarando inexequible el proyecto de Ley de Referendo Reeleccionista impulsado por el partido de la U con el apoyo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, abre el camino de vuelta al respeto por las instituciones y el imperio de la Ley, condiciones propias del Estado de Derecho fruto de la Constitución Política del 91.
La carta magna de los colombianos que últimamente se ha tomado como el trampolín al cual se puede reformar cuantas veces se quiera en beneficio de intereses no muy colectivos y, de la mano de unas mayorías non santas en el cuestionadísimo Congreso de La República que aprueban, a cambio de dadivas como las de el tristemente famoso Yidis-Cohecho, iniciativas legislativas que riñen con las normas existentes y que van en detrimento de la institucionalidad colombiana, convertirla en una herramienta al servicio de los caprichos de las mayorías legislativas de turno.
La concentración del poder presente como consecuencia de la permanencia en el mandato presidencial de una misma persona por más de un periodo consecutivo, generó un proceso de autoritarismo disfrazado creciente acompañado de la protección de aquellos que están muy cerca de esa fuente de mando que venía aglutinando en una sola esfera las distintas ramas constitucionales, direccionando en una sola vía el accionar del aparato estatal en todas sus dimensiones, cobijando bajo el manto de la impunidad a funcionarios cuestionados por su sospechoso desempeño al frente de perfiles tan álgidos como el manejo de los recursos del estado para la recuperación y rehabilitación del Agro.
Aun con denuncias de dolo en sus actuaciones administrativas; la pésima administración del sector de la salud que viene fallando desde el inicio del mandato de este gobierno y hoy se declara en emergencia no para tratar de corregir errores y rescatar lo poco bueno que pueda tener sino para, de una manera cínica e impositiva, fortalecer aún más el favorecimiento a los intereses de los intermediarios en la administración y prestación de los servicios de salud en Colombia en claro detrimento de los derechos de los usuarios que precisan de ellos para sobrevivir ante las afectaciones graves que sufren y que ya no son sujeto de cobertura de estas empresas comercializadoras, con el visto bueno y el apoyo del gobierno, de el derecho a la salud y a la vida de los Colombianos y muchas otras acciones gubernamentales en las que se dibuja el espectro del absolutismo cercano, muy cercano, a la dictadura.
Con la decisión del alto tribunal se abre paso al restablecimiento de la confianza de los colombianos de bien en sus instituciones, se abre paso a creer que también los decretos que conforman la mal llamada Emergencia Social serán declarados inexequibles por inconstitucionalidad ya que no hubo ninguna emergencia para decretar este estado de excepción porque los hechos objetos de la misma tienen una ocurrencia de vieja data y permanente continuidad bajo la inoperancia cuasi total del gobierno y por lo que en sí mismos significan, o sea, una velada sentencia de muerte para muchos Colombianos que dependen del apoyo del sistema de salud para sobrevivir a las afectaciones que los aquejan, y a la reapertura de procesos muy interesantes como el de la denuncia del Dr. Navas Talero contra los congresistas que votaron la Ley de Referendo Re eleccionario sin el lleno de los requisitos de Ley, el de el Yidis- Cohecho, los de la Para–política, y muchos más que permanecían en un limbo procesal como consecuencia de las presiones que sobre ellos se cernían.
Saludamos con complacencia y con orgullo patriótico el retorno a la institucionalidad en Colombia.
Comentarios