En la actual fase de violencia que vivimos, todo se encuentra relacionado. En La Guajira nos volvimos violentos. No se respetan códigos y se atenta contra la vida de manera indiscriminada. De ella no se escapan políticos, niños, mujeres, tenderos, jugadores de dominó, transeúntes y mototaxistas. En la capital departamental, la población se encuentra en pánico generalizado. El asesinato de las niñas Ilva Polo Becerra y Marcelly Redondo Soto, han llevado a los padres de familias a confinarse con sus hijos en las cuatro paredes de los hogares. La realidad no puede ser más contundente.
La lista de personas asesinadas se agranda con los días. La Muerte de Omaira Arismendy, Luis Socarras, Álvaro Guzmán y del ex Alcalde Menfis Palacio, ya hacen parte de las frías estadísticas de las muertes selectivas y del proceso continuo de violencia que no se ha detenido, muy a pesar de los ocho años de la política de seguridad democrática. Por lo que se le escuchó decir a nuestro alcalde y al comandante de policía de Riohacha en el coloquio sobre seguridad ciudadana, no hay esperanza de que la situación pueda cambiar en el corto plazo.
La gravedad del asunto se puede evaluar con indicadores. Universalmente la dinámica y el impacto de la violencia, se puede identificar y cuantificar a partir de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. Ella explica el grado de civilidad, tolerancia o el conflicto en una nación. Estados Unidos, Canadá, Japón y la mayoría de los países europeos mantienen tasas por debajo de 10 homicidios por cada cien mil habitantes.
Estas Son naciones en desarrollo con poblaciones muy respetuosas de las normas En contrastaste con esa realidad, Colombia presentó en el 2009 una tasa de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes. La Guajira en el 2010 ya tiene 52 homicidios por cada 100 mil habitantes y Riohacha esta cerca de 68. Esto nos remite a un escenario caracterizado por el alto grado de violencia. La verdad abierta, es que La Guajira y especialmente su capital son territorios en disputa por parte de los actores en conflicto.
Lo más grave de todo, es que mientras los actores generadores de violencia se organizan y planifican detalladamente sus acciones, las autoridades no hacen lo mismo para controlarlos y judicializarlos. Todo parece indicar que desde la Gobernación, la Alcaldía y la Policía Nacional no se valora o no se procesa suficiente el estado de inseguridad ciudadana. Lo sucedido en el coloquio convocado por la organización Poder Ciudadano fue muy diciente. No se escucharon planteamientos lógicos y adecuados por parte de las autoridades que permitan tener o depositar en ello la confianza para atacar el problema en torno de la defensa y protección al derecho a la vida.
