Desde hace un par de décadas movimientos indígenas de carácter más inclinados al corte político, buscan no sólo plantear una resistencia a los gobiernos de turno, sino algo mucho más de fondo: resignificar el modelo de estado moderno occidental.
Primera entrega
En términos históricos y generales, la palabra 'minga' se asocia con el trabajo colectivo que realiza una comunidad, sea indígena o campesina, para lograr un objetivo común tendiente a sembrar o recoger una cosecha o construir un espacio comunitario, por ejemplo. Es decir, la minga históricamente en América ha sido un espacio para la colaboración, la solidaridad y la autogestión.
Sin embargo, en el departamento del Cauca y otros del suroccidente colombiano, desde hace un par de décadas ese origen ha mutado en movimientos de carácter más inclinados al corte político, que buscan no sólo plantear una resistencia a los gobiernos de turno sino algo mucho más de fondo: resignificar el modelo de estado moderno occidental.
Los llamados incumplimientos de compromisos con las comunidades del Cauca podrían remontarse incluso al año 1989 con los acuerdos que realizó el recientemente fallecido Carlos Ossa Escobar, quien entonces era director del Incora. En esa época tan convulsa de nuestro país, el gobierno de Virgilio Barco se comprometió con un plan de adquisición de 5.172 hectáreas de tierra a un plazo de cuatro años, la creación de 664 parcelas mixtas, proyectos de ganadería y mejoramiento de vivienda.
Posteriormente, en 1991 el entonces viceministro de gobierno Héctor Riveros Serrato realizó nuevos acuerdos con las comunidades del norte del cauca, lo que conllevó incluso a amenazas de expropiación por vía judicial por parte del mismo gobierno a los propietarios de la hacienda El Nilo, lugar en el que se generó la masacre de 20 indígenas en ese mismo año.
Más adelante hubo acuerdos adicionales en 1994, 1995 y en La María (Piendamó, Cauca) en 1996, hasta que en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana el país conoció la primera muestra representativa de una bomba de tiempo que desde entonces se repite cada año y que explota lentamente. En junio de ese año, los indígenas bloquearon la vía Panamericana por más de 25 días reclamando incumplimiento de los acuerdos pactados con los gobiernos de Barco, Gaviria y Samper.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, máximo integrador de los cabildos y resguardos de esa zona expidió una resolución mediante la cual se declaraban en emergencia social, cultural y económica. Desde entonces, gobierno tras gobierno, incluyendo Pastrana, Uribe y Santos, se han tenido que sentar, creyendo que van a renegociar lo acordado cuando en realidad acaban ampliando los compromisos por unos mayores.
Política indígenaProducto del bloqueo de ese año, el gobierno de Pastrana accedió a expedir el Decreto 982 de 1999, mediante el cual creó una comisión para el desarrollo integral de la política indígena y se adoptaron medidas para obtener los recursos necesarios con miras a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con esas comunidades. Este decreto no sólo acogió la declaración de emergencia de los pueblos indígenas sino que determinó un espacio de corte ministerial para el seguimiento a los acuerdos y abrió la posibilidad a que los recursos que se destinaran para tal efecto fueran manejados por las mismas comunidades mediante convenio.
A este bloqueo de 1999 luego se le juntó en noviembre otro: el de los campesinos del Macizo Colombiano. Este punto es importante porque muestra que ya en ese entonces había también un malestar de parte de este sector de la población quienes motivados por los logros de los indígenas decidieron imitar las acciones de protesta logrando acuerdos con el gobierno de Pastrana por más de $100.000 millones de pesos.
El panorama del año 1999 el Cauca no dista mucho del actual: miles de millones en pérdidas para el comercio, sospechas de infiltraciones de grupos al margen de la ley, argumentos de tipo presupuestal, pliegos de peticiones que superaban el resorte incluso del Ejecutivo y culpas que recaían siempre sobre los gobiernos anteriores. Por esos escenarios pasaron ministros, viceministros y directores de entidades, entre ellos algunos como Horacio Serpa, Néstor Humberto Martínez, Jorge Mario Eastman, Fabio Valencia Cossio, Aurelio Iragorri Valencia, entre muchos otros, todos sentados en negociaciones con los dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.
Así las cosas, sólo por citar unos ejemplos, en el año 2005 el gobierno de Álvaro Uribe se comprometió con la adquisición de 8.000 hectáreas, en el 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos con $22.000 millones para compra de tierras que permitieran resolver conflictos interétnicos, en el 2013 con $30.000 millones más para compra de tierras, en el 2014 con 40.000 hectáreas en 4 años, y en 2018 con $80.000 millones adicionales también para compra de tierras. De acuerdo con las cifras publicadas por revista Semana en días pasados, el total de los compromisos con el Cauca ascienden a los 3,6 billones de pesos. En el año 2017, el gobierno Santos expidió el Decreto 1811 con el cual se intentó actualizar los mecanismos de cumplimiento de los acuerdos que venían en el marco del Decreto 982 de 1999.
Gobierno tras gobierno, incluyendo Pastrana, Uribe y Santos, se han tenido que sentar, creyendo que van a renegociar lo acordado cuando en realidad acaban ampliando los compromisos por unos mayores.
''Los llamados incumplimientos de compromisos con las comunidades del Cauca podrían remontarse incluso al año 1989 con los acuerdos que realizó el recientemente fallecido Carlos Ossa Escobar''.
Espere la segunda entrega de este informe especial este domingo 31 de marzo en nuestra edición impresa y digital.