En Auditoría Financiera, el organismo de control evidenció también deficiencias en la depuración de información de demandas en contra del INPEC.
La Contraloría General de la República iniciará una Indagación Preliminar por un presunto detrimento al patrimonio económico del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla (EPMSCBA-322), en cuantía por establecer, por presuntas inconsistencias en soportes de suministro de combustibles para vehículos que forman parte del parque automotor del INPEC.
Los hechos en investigación tienen que ver con la ejecución de los contratos 001-2019 y 008-2019 con fecha de suscripción del 22/02/2019 y del 27/09/2019 respectivamente, y la orden de compra 41042 del 12/04/2019, que tenían por objeto el suministro de combustible para los vehículos oficiales del establecimiento penitenciario y adquisición de bonos intercambiables redimibles de combustible.
En una Auditoría Financiera al INPEC, la Contraloría encontró inconsistencias por $18.741.210 en los vales del retiro del combustible, por cuanto los soportes de estos valores no evidencian la identificación del beneficiario, ni acreditan que el combustible fue recibido por los vehículos que forman parte del parque automotor del INPEC, para el desarrollo de sus actividades misionales.
Se evidenció que estos soportes no fueron objetados y descontados por parte del Establecimiento de Reclusión al momento de pagar las facturas presentadas por el proveedor.
Deficiencias en depuración de información relacionada con demandas en contra del INPEC
La Auditoría de la Contraloría permitió establecer también que, de conformidad con el aplicativo Ekogui, el INPEC tiene 1.331 procesos en contra con registro contable de provisión, por valor de $1.147.911.125.016,00, de los cuales 1.297 corresponden a procesos administrativos, por valor de $1.146.179.738.550,00, y 34 procesos laborales, por valor de $1.731.386.466,00.
Así mismo, según la información reportada en el mismo aplicativo aparecen 610 procesos con fallos favorables en primera instancia, por $85.578.652.940, que representan el 7,46% de los administrativos, los cuales se encuentran provisionados y 216 procesos administrativos que no cuentan con información relacionada con el sentido del fallo, por valor de $932.386.905.949, que equivalen al 81,34%, sobre los cuales no se informa el sentido del fallo, lo cual no permite identificar el estado en que se encuentra al igual que la afectación de la provisión.
En el caso de los procesos laborales provisionados, aparecen 3 con fallos favorables y 28 sobre los cuales no se conoce el sentido del fallo, afectando igualmente la provisión sin conocer en qué estado se encuentran.
Por lo mencionado, el saldo de la cuenta 2701 – Litigios y Demandas genera incertidumbre, debido a las deficiencias generadas en el proceso de depuración de la información relacionada con las demandas en contra de la entidad, que se reconocen como provisiones.