La deuda pública asciende a $7,6 billones en subsidios y pagos pendientes, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios públicos de energía y gas.
La Contraloría General de la República, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, ha venido desarrollando mesas de trabajo conjuntas con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, ante la preocupación de los organismos de control por los efectos de la mora en los giros de subsidios a las tarifas de energía y gas. Ahora Contraloría y Procuraduría refuerzan esta labor conformando una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, que arrancó convocando una mesa de trabajo con el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo.
El propósito de esta comisión conjunta es hacer seguimiento a las acciones que implementen los diferentes actores del sector para mitigar los riesgos detectados en materia de sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales,
Este mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas.
De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $7,6 billones, distribuidos en $ 2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $ 1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible
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Citación y requerimiento de información a Superservicios
En desarrollo de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, el Contralor, General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, han requerido a la Superintendencia de Públicos Domiciliarios información relacionada con la situación de la empresa intervenida AIR-E.
Se le solicitó presentar información detallada de las actuaciones que ha realizado la Superintendencia para garantizar en el largo plazo la prestación del servicio a cargo de esta empresa objeto de intervención.
Específicamente se pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportar lo siguiente:
1. Los referentes normativos o doctrinales que le permiten a la Superintendencia plantear la supuesta prohibición de coadministración en las empresas intervenidas, particularmente en Air-e, y las implicaciones de dicha prohibición.
2. Los recursos con los que cuenta actualmente el Fondo Empresarial, el origen de estos recursos y a quienes actualmente atiende a través de estos.
3. Las actuaciones que ha desplegado la Superintendencia para dar respuesta a la solicitud de la Agente Especial de obtener recursos por 2.8 billones de pesos para garantizar la operación de la empresa durante 2025 y cancelar las deudas post-toma en el mercado mayorista
4. Indicar las garantías que exigió la Superintendencia para el giro de los mutuos por $148.000 millones que ha otorgado la entidad a AIR-E través del Fondo Empresarial.
5. Los resultados de las labores de inspección, vigilancia y control ejercidas desde la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, respecto a la prestación del servicio por parte de la empresa AIR-E intervenida.