El Ministerio Público lidera el seguimiento a las acciones que buscan prevenir y combatir la discriminación racial y el racismo en el país, y demanda de las instituciones el cumplimiento oportuno y eficaz de las obligaciones constitucionales y legales.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior un informe sobre el plan de acción, la normatividad, las resoluciones y los decretos que regulan el funcionamiento del Observatorio contra la Discriminación Racial y el Racismo (OCDR), instrumento clave para que las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales cuenten con la asistencia y apoyo adecuado en situaciones de discriminación.
En tal sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos pidió al Ministerio del Interior relacionar los objetivos, actuaciones, programas y estrategias desarrolladas en los últimos meses, así como los indicadores de gestión y su impacto, incluyendo logros, desafíos y un balance al seguimiento de los casos documentados en el Observatorio.
La actuación se realiza en el marco de la política preventiva para la promoción, protección y defensa de los pueblos étnicos que tiene como uno de sus objetivos promocionar, garantizar y defender los derechos colectivos e integrales de estos pueblos, demandando de las instituciones el cumplimiento oportuno y eficaz de las obligaciones constitucionales y legales.