La Procuraduría, en un fallo de primera instancia, decidió sancionar al patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas con destitución e inhabilidad por 20 años, tras considerar que habría hecho un uso excesivo e injustificado de la fuerza letal durante las protestas del 9 de septiembre de 2020, en cercanías de la estación de Policía León XIII en Soacha. Según la investigación, dicho accionar habría provocado la muerte de un ciudadano venezolano.
En el mismo contexto, el uniformado Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla fue sancionado con una inhabilidad por 8 años, ya que presuntamente hizo un uso imprudente de su arma de fuego.
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio Público, Márquez Rojas habría actuado con dolo al disparar su arma de dotación en un entorno de alta agitación y aglomeración, omitiendo principios como la necesidad, la proporcionalidad y la precaución, lo que se tradujo en una presunta falta disciplinaria gravísima. Por su parte, Ricaurte Pinilla habría incurrido en una falta de culpa gravísima al accionar su arma de forma indiscriminada, lo que habría puesto en riesgo la vida de los manifestantes.
La Procuraduría insistió en que el uso de fuerza letal durante manifestaciones, incluso cuando estas presenten hechos violentos, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Todo indica que la conducta de los uniformados habría contrariado los protocolos institucionales que regulan el uso de armas y el respeto al derecho a la protesta.