El decreto del Presidente ha recibido una avalancha de críticas de la oposición, gremios y juristas que aseguran que es abiertamente inconstitucional.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como “muy grave” el decreto publicado la víspera por el presidente colombiano, Gustavo Petro, de convocatoria para el próximo 7 de agosto de una consulta popular con el fin de aprobar su reforma laboral ya rechazada por el Senado.
“Es grave, es muy grave que se pase por la faja al Congreso y, en cierta forma, se viole la separación de poderes en Colombia”, manifestó el alcalde de la capital colombiana, con quien el presidente tiene serias diferencias políticas.
Petro, primer presidente de izquierda de Colombia, firmó ayer el decreto 639 de 2025 con el que busca que el electorado apruebe la reforma laboral mediante una consulta popular ordenada por el Ejecutivo, incluso desestimando la posición adoptada por el Congreso.
El Senado rechazó en marzo pasado la reforma laboral de Petro y el 14 de mayo hizo lo mismo con la solicitud de consulta popular hecha por el presidente el 1 de mayo, por lo cual el mandatario decidió llamar a la consulta por decreto, lo que, en opinión de algunos juristas, viola la Constitución.
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Galán subrayó en su declaración que al examinar “una decisión que toma el Congreso, el único encargado de determinar si hubo un vicio o no, no es el Ejecutivo sino la Rama Judicial, y la Rama Judicial no se ha pronunciado todavía si ese trámite tuvo o no un vicio”.
“Es grave que se expida ese decreto”, insistió Galán, quien agregó que espera que las autoridades competentes, que deben ser el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo) y la Corte Constitucional, dictaminen “si ese decreto tiene sustento de ley o no” y que “se haga rápido para garantizar la democracia y la separación de poderes en Colombia”.
El decreto de Petro ha recibido una avalancha de críticas de la oposición, gremios y juristas que aseguran que es abiertamente inconstitucional.
La oposición a Petro presentó ayer las primeras demandas judiciales contra el documento presidencial mientras el Gobierno insiste en su plena validez.