El Gobierno japonés aprobó dos proyectos de ley para reforzar la eficacia de las medidas restrictivas contra el nuevo coronavirus que, si se adoptara tal cual, permitiría imponer multas y hasta penas de prisión a los refractarios.
Seis meses antes de la fecha prevista para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados el año pasado debido a la pandemia, una parte de Japón, incluida su capital, vive bajo un estado de emergencia decretado a principios de enero ante el repunte de casos de covid-19.
Pero, a diferencia de las medidas tomadas en otros países, los llamamientos de las autoridades a la población para que limite las salidas y a los bares y restaurantes para que cierren más temprano no van acompañados de sanciones en caso de incumplimiento.
El gobierno busca un equilibrio entre las medidas contra el coronavirus y el mantenimiento de la actividad económica, pero la opinión pública estima que el primer ministro Yoshihide Suga no hace lo suficiente frente a la crisis sanitaria y su popularidad se ha desplomado, según sondeos recientes.
Los nuevos proyectos de ley, que serán debatidos en el parlamento, prevén penas de cárcel de hasta un año para las personas que dan positivo, pero se niegan a ser hospitalizadas. Japón se ha librado relativamente de la pandemia en comparación con muchos otros países, con unos 4.700 muertos registradas en un año, pero desde noviembre sufre una ola de infecciones que, según los especialistas, amenaza con sobrecargar los hospitales.