En la noche de este lunes en el palacio de justicia, Luis Antonio Robles de Riohacha, en una sala se realizó la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra, Francis Javier Mena Cuesta a quien le pesaba una orden de captura.
En la vista pública el juez de conocimiento 02 Bacrim con funciones de control de garantías, dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, porque no encontró méritos para encarcelarlo.
A Mena Cuesta de 43 años de edad, quien es ingeniero mecánico y oriundo de Riohacha, se le endilgan los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público y era requerido a través de la orden de captura 004 expedida el 20 de mayo del año en curso.
Francis Javier se presentó en compañía de su abogada, Ana Clara Fonseca de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía Seccional La Guajira, el pasado domingo día de las elecciones a presidente y vicepresidente, al enterarse que tenía una medida de requerimiento junto a cuatro personas más, de las cuales tres ya habían comparecido ante la justicia.
En la audiencia en representación de la Fiscalía actúa el fiscal 4 de administración pública Seccional Riohacha, que en la vista pública solicitó medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, pero el Juez se abstuvo de imponérsela y por el contrario “estableció unos compromisos de comparecencia en el proceso que aparecen en el código pero que no limitan la libertad”, indicó Dayro Fernando Herrera Iglesia, director de la Fiscalía seccional La Guajira.
El director de Fiscalía también se refirió a las tres personas que la semana anterior fueron llevadas al estrado ante un Juez y fiscal de la causa, también pidió la medida restrictiva de la libertad, pero el togado decidió concederles medida de aseguramiento consistente con detención domiciliaria.
Este medio de comunicación conoció de manera extraoficial que la quinta persona que se encuentra con orden de captura vigente es de apellido Sotillo Sánchez, quien está siendo buscada por las autoridades y es posible que se entregue antes de ser apresada.
Los hechos que se investigan tienen que ver con el contrato suscrito en el año 2015 entre la alcaldía Municipal y la Triple A, que consistía en la construcción de la planta desalinizadora de agua del municipio de Manaure, en donde la Fiscalía habría encontrado un detrimento por más de 11 mil millones de pesos.
En este contrato el capturado Mena Cuesta es el representante legal de la Unión Temporal Grado Norte, empresa contratista dentro del proyecto objeto de la indagación.
Por su parte, el código de procedimiento penal en su artículo 410 Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de sesenta 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.