Estas obras fueron realizadas luego de rigurosos estudios, desarrollados por expertos nacionales e internacionales, que concluyeron su viabilidad técnica, social y ambiental.
La Corte Constitucional ordenó suspender durante tres meses las actividades mineras por parte de la compañía del Cerrejón, que afectarían a cuatro municipios de La Guajira.
La decisión fue adoptada por parte del alto tribunal con base en una tutela instaurada por comunidades indígenas de la región, advirtiendo afectaciones ambientales que involucran al Arroyo Bruno.
Esa suspensión alcanza a los municipios de Hato Nuevo, Barrancas, Maicao y Albania donde las comunidades indígenas señalan que hasta que se desarrolle la consulta previa no se debería reiniciar los trabajos por parte de la multinacional.
Lo que se cuestiona en la presente tutela “es el desarrollo del proyecto de desviación del Arroyo Bruno, de su cauce natural, por la presunta desviación de los derechos fundamentales a la consulta previa, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente y a la igualdad de las comunidades accionantes”, señala la sentencia.
Según la orden de la Corte Constitucional, esta medida provisional no comprenderá las obras de mantenimiento, estabilización y preservación del nuevo cauce, “del cuyo adecuado funcionamiento sea responsable la empresa Carbones del Cerrejón Limited, de conformación con el plan de manejo ambiental respectivo”.