"Es la mejor Constitución del continente americano. Es, no lo dudo, compatriotas, una de las mejores constituciones del mundo". Lo dijo en diciembre de 1999 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, días antes de que la Carta Magna fuera aprobada en referéndum. Así la ven hoy también el actual mandatario, Nicolás Maduro, y el líder opositor Juan Guaidó. Pero solo a veces.
Ambos se aferran al texto constitucional cuando el contenido de sus artículos les es favorable, de igual modo que los dos la usan como arma arrojadiza contra su oponente cuando consideran que el otro viola el mandato. Pero ninguno reconoce que la ignora, según conveniencia, pese a que, tanto uno como otro, lo hacen.
Las violaciones a la Constitución por parte del Gobierno, son evidentes y categóricas, y es precisamente el incumplimiento reiterado de la Constitución por parte de, en su momento Hugo Chávez, y posteriormente la Administración de Nicolás Maduro, lo que ha hecho que la diatriba política se mueva en un contexto al margen del texto constitucional.
Cuando el Gobierno ignora la Constitución, es muy difícil reaccionar con respuestas que se ajusten literalmente al texto constitucional, porque, entre otras cosas, no abre la posibilidad de responder a la violación por otra vía que no sea el desconocimiento de las instituciones y de los poderes públicos.
Eso es lo que viene sucediendo en Venezuela. Asumiendo que la Constitución nacional es una institución más dentro de la estructura de poder del Estado venezolano, necesariamente, ha habido que desconocer aspectos fundamentales del texto constitucional para poder reaccionar a hechos inconstitucionales que vienen desde la administración central.
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Sin embargo, el Gobierno viola este artículo de la Constitución -328- y exhibe públicamente el atropello en boca del propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino, con la connivencia de Maduro, que escucha y asiente.
Al no tener en cuenta la opinión ciudadana reflejada en la consulta, el Gobierno ha instaurado una suerte de estado paralelo al que define la Constitución, lo que lleva a una violación tras otra por parte de quien debería ser el principal garante y ha traído al desbarajuste que se tiene hoy en día. Prácticamente nada puede entrar por el aro constitucional. Sin embargo, todo cambia según la coyuntura.
Recientemente, la Unión Europea respondió a la invitación del Gobierno de enviar observación electoral para las elecciones legislativas del 6 de diciembre que para hacerlo posible, habría que aplazar la fecha, ya que la organización de una misión de observadores requiere de mayor tiempo de margen. Maduro respondió que las condiciones de la UE son imposibles de cumplir puesto que suponen una violación a la Constitución.
El respeto o no a la Carta Magna es un apego acomodaticio, muy condicionado a las necesidades y a los propósitos del Gobierno, que hace una interpretación muy particular de acuerdo a las circunstancias.
Las sistemáticas violaciones de la Constitución por parte del Gobierno son las que han llevado a la oposición a incumplir también el mandato de la Carta Magna, cuyo culmen se vio reflejado en enero de 2019, cuando Guaidó asumió la "Presidencia interina" del país, tras desconocer a Maduro como mandatario.