Quieren esconderse en la Justicia Especial para la Paz, JEP, y evitar su responsabilidad en los crímenes más atroces de la historia violenta del país, en donde las Farc, siguen siendo los principales protagonistas y con la anuencia de algunas autoridades que pasan por alto la ley, ese grupo guerrillero no quiere someterse a la justicia y pagar por sus crímenes; por eso la antigua guerrilla de las Farc debe responder por los secuestros y otros crímenes de guerra por los que la Justicia Especial para la Paz, acusó, por fin, a sus últimos ocho jefes, una decisión inédita esperada durante décadas en Colombia por miles de víctimas.
La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó que los ocho miembros del Secretariado de las Farc, máximo órgano de decisión de la guerrilla, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado.
Increíble el giro que ha dado este tribunal que administra la justicia para la paz y por eso la jurisdicción sorprendió al país al acusar además a los líderes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Una de las implicaciones de la decisión de la JEP es que a partir de hoy el Caso 01, conocido como "Retención ilegal de personas por parte de las FARC" se denominará "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad"; hay que reconocer que se valora como positivo ese cambio, pues fue una de las mayores críticas de las víctimas hacia las Farc que argumentaban que se trataba de aprehensiones o retenciones.
La JEP acusó a Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como a los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con el secuestro de personas por parte de las Farc entre 1993 y 2012, en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
La decisión anunciada por la JEP causa gran impacto en Colombia, que fue durante los años 90 y comienzos de este siglo el país con más secuestros del mundo, privaciones de la libertad que conllevaban tratos contra la dignidad humana como aislamientos forzados, golpizas durante interrogatorios, abuso sexual, reclutamiento y desplazamiento forzados.
Las Farc financiaban gran parte de su actividad guerrillera con los secuestros de civiles de todas las condiciones sociales y también tomaban cautivos a políticos, policías y militares al terminar los sangrientos asaltos a pueblos remotos de todo el país, e incluso hicieron alianzas con bandas de delincuencia común que se dedicaban a traficar cautivos.
La tragedia que causaron es una herida sin sanar con la que viven miles de víctimas que no han sido reparadas, que nunca conocieron la verdad sobre el secuestro de sus familiares o no recuperaron los cuerpos de sus seres queridos muertos en poder de la guerrilla y además se evidenció de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento.
Es así que la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por saberse definidos como un objeto para canje, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente, en los secuestros de larga duración y para alivio de los familiares de las víctimas, la JEP determinó que los secuestros no fueron errores de los excombatientes en la guerra o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las Farc, sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Aunque las víctimas recibieron con beneplácito esa decisión, ahora esperan recibir justicia restaurativa, que la antigua guerrilla acepte las imposiciones del tribunal y que los firmantes del acuerdo de paz digan dónde quedaron los restos de sus seres queridos muertos o asesinados en cautiverio.