Por muchos años la situación social de La Guajira ha sido ignorada por los gobiernos de turno, agravándose aún más con la corrupción que vive el departamento vecino y que también por años se ha intentado frenar, entre los mismos guajiros, con la finalidad de tener la oportunidad de tener obras de progreso y desarrollo en todos los ámbitos.
Como cosa curiosa ahora los indígenas wayúu pidieron llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, la crisis que viven en materia de desnutrición, falta de acceso a sistemas de salud, electricidad y agua potable. Los representantes de la comunidad wayúu hicieron esa petición durante una audiencia pública de la Comunidad Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el órgano encargado de proteger los derechos humanos en el continente y el que tiene capacidad para remitir un caso a la Corte IDH, la última instancia judicial del hemisferio.
Está bien esta petición de los representantes de Los wayúu, etnia que habita en las regiones semiáridas del norte de Colombia y el oeste de Venezuela y tienen su propia lengua, el wayuunaiki; pero, también, han debido acompañar esta petición de otra para destapar, investigar y castigar ejemplarmente a los individuos, que en razón en su cargo, se aprovecharon de los recursos destinados a este departamento para ser invertidos en bienes de uso público y que fueron al bolsillos de ellos y de las autoridades corruptas que cubrieron estos actos ilícitos.
Con una población de unas 270.000 personas, los wayúu son el grupo indígena más numeroso de Colombia y la gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, haciéndose necesaria la intervención de la Corte IDH ante la situación de urgencia y gravedad extrema existente entre los niños, adolescentes y ancianos wayúu, así como las madres gestantes y lactantes, por parte de la ausencia histórica del Estado y de los corruptos de esta departamento.
Todos esos grupos vulnerables recibieron en 2015 y 2017 el amparo de la Cidh con unas medidas cautelares, pero los representantes de los wayúu aseguran que el Estado colombiano no las está cumpliendo y por eso quieren que intervenga la Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica; específicamente, quieren que la Corte IDH dicte unas medidas provisionales para proteger a los menores, ancianos y madres gestantes wayúu, ya que las acciones de ese organismo tienen un mayor peso jurídico que las de la Cidh y, además, son de obligado cumplimiento para el Estado.
En lo que va de año, al menos 17 menores wayúu han muerto por desnutrición, situación que ha empeorado en los últimos meses por la pandemia y el difícil acceso a los sistemas de salud, así como por la llegada a La Guajira de wayúu procedentes de la fronteriza Venezuela. Una madre o un padre wayúu debe caminar por lo menos tres horas bajo un sol inclemente en una zona desértica para llegar al centro de salud más cercano porque no tiene transporte público ni vías.; y, deben hacer el mismo recorrido de regreso con un niño en brazos.
El Estado sí está prestando atención a las comunidades afectadas y ha diseñado políticas públicas, programas y proyectos de mediano y corto plazo que se encuentran en proceso de implementación. El Gobierno colombiano ha mantenido informada a la Cigh de sus progresos con la participación en reuniones de trabajo y el envío de 33 notas con información sobre la implementación de las medidas cautelares, la última el 25 de mayo; por lo tanto, están cumpliendo con las medidas cautelares de la Cidh.