Salud pública y universal, educación gratuita y de calidad y acceso a una vivienda digna son derechos largamente demandados en Chile que podrían dejar de estar sometidos a criterios del mercado si se aprueba la nueva Constitución redactada por la convención constituyente.
El texto, que será entregado a la ciudadanía el lunes en una histórica ceremonia y se someterá a plebiscito obligatorio en septiembre, da un giro de 180 grados al modelo de país instalado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y crea un Estado de bienestar parecido al europeo.
Los derechos constitucionales consagran las aspiraciones largamente levantadas por el movimiento social en país y lo hacen con una perspectiva de dignidad universal; se trata además de la primera Constitución en la historia chilena que reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como actividad económica fundamental para sostener la vida y una de las primeras del mundo en reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El proceso constituyente se originó tras un acuerdo entre los partidos para sofocar las protestas de octubre de 2019 contra la desigualdad, las más graves desde el fin del régimen, con una treintena de muertos y miles de heridos.
Con estos razonamientos no están de acuerdo una gran parte de los chilenos que consideran que el despliegue concreto de los derechos sociales, su factibilidad, depende de varios factores que exceden por mucho su consagración a nivel constitucional. El aparato estatal atraviesa una profunda crisis en múltiples dimensiones, lo que hará muy difícil una provisión igualitaria y universal de estos derechos.
El texto, entre otras concepciones también esta redactado por una convención con escaños reservados para los pueblos indígenas y paridad entre hombres y mujeres, estipula que la educación será de acceso universal en todos sus niveles. Otro de los aspectos que podría ser reformados, es el sector de la salud ya que hay mucha gente y el sistema público) no da abasto, para atender debidamente los requerimientos en salud de los chilenos, llegando en muchos casos, a pagar consultas en los consultorios privados para que puedan ser atendidos antes y mejor, aquellos que no alcanzan a ser atendidos debidamente.
Es imperativo mejorar el sistema de salud y crear un sistema público de seguridad social que garantice pensiones dignas fueron dos de los asuntos que concitan más acuerdos en el seno de la convención, integrada en su mayoría por ciudadanos independientes sin afiliación a partidos políticos y de tendencia progresista. Por una extensa mayoría, la propuesta constitucional estipuló que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental.
Chile, uno de los países con el costo de vida más alto de la región, vive una crisis habitacional inédita en décadas, que se ha agravado durante la pandemia. Cerca de 600.000 familias no tienen acceso a una vivienda digna y más de 81.000 viven en el millar de asentamientos informales que existen en todo el país, la cifra más alta desde 1996. El déficit habitacional es terrible. Familias jóvenes han llegado al campamento porque los arriendos son impagables y la casa propia es imposible para los chilenos.
En un hito histórico, la convención logró incluir en la nueva Carta Magna el derecho a una vivienda digna y adecuada y mandato al Estado tomar las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho y también consagró el derecho al agua, en uno de los países con el mayor nivel de privatización de ese recurso del mundo.