Colombia todavía espera la paz, espera con paciencia que algún día se silencien los fusiles y los colombianos puedan salir tranquilamente con a la calle sin ningún temor y recelo. También, espera pacientemente, que los diálogos de paz comienzan para ver cuáles son las verdaderas intenciones de los alzados en armas, que ya han manifestado que no están de acuerdo con la apuesta presidencial de la paz total.
Mientras todo esto sucede, el país se desangra y los colombianos viven enfrentamientos con temor y desasosiego por la incertidumbre de saber cuándo se va a terminar tanta violencia, que además de dolor y llanto deja lágrimas y muertes, en la población civil que son los más lastimados, porque quedan en condición de víctimas.
Desde hace varios días, se presentan enfrentamientos entre grupos criminales que tienen confinada a la población de Puerto López, que hace parte del municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia, situación que se dio a conocer gracias a las denuncias de varios congresistas y de la comunidad en general que está en estado de zozobra y preocupación.
Es así que cerca de 10.000 personas están atrapadas por enfrentamientos del Clan del Golfo contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y las Farc en esa zona que es conocida como Bajo Cauca; tremendo problema, porque estos enfrentamientos entre guerrilleros, tienen a la zona amenazada y bajo su dominio.
El Bajo Cauca antioqueño es una subregión territorial situada en el nororiente de Antioquia, en las estribaciones de la Cordillera Central antioqueña. Esta subregión es una de las nueve en las que se divide Antioquia y ocupa una extensión de 8.485 km²; tiene una población de 225.269 habitantes y la componen seis municipios: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza; los dos últimos forman parte del grupo de los municipios más antiguos de Antioquia. Esta subregión se ubica en las últimas estribaciones de la cordillera Central, entre las serranías de Ayapel y San Lucas, sobre la cuenca de los ríos Cauca y Nechí y la minería puede considerarse el renglón más importante de la economía de esta subregión, de hecho la historia argumenta que la región sufrió procesos de poblamiento gracias a esta práctica; otras actividades son la producción piscícola, la agricultura y la ganadería.
El Bajo Cauca tiene una posición geográfica que ha sido clave para el narcotráfico y la minería ilegal; por este motivo, es un territorio tan codiciado por los grupos ilegales que ejercen un fuerte control en la población, que se encuentra entre el fuego cruzado de las balas del Clan del Golfo, las Farc y el Eln.
La región del Bajo Cauca la atraviesa el río Cauca, el segundo más importante del país después del Magdalena, y se ha convertido en una zona de violencia debido principalmente a los cultivos de coca y a que es un corredor que el narcotráfico utiliza para sacar la cocaína hasta el caribeño golfo de Morrosquillo, desde donde sigue su camino hacia Centroamérica.
Aquí es importante una advertencia sobre el inminente riesgo para las comunidades ante los posibles enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la zona rural del corregimiento de Puerto López, en El Bagre, Antioquia, y aquí debe entrar la institucionalidad regional y nacional a que tomen acciones urgentes que garanticen los derechos humanos de las comunidades que allí habitan, para exigirle a los grupos armados ilegales el respeto a los derechos de la población civil y el fin de las balas cruzadas. Allí hay fuerte presencia de bandas de narcotraficantes, disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo, que se disputan el control de la zona para sacar provecho del narcotráfico, motor de violencia en Colombia.
Estos grupos armados que están luchando su supervivencia al ganar el control territorial, han ocasionado el confinamiento de la población del corregimiento y su área rural por el temor de algunos hechos intimidatorios que han sufrido las comunidades tales como, el abandono de un cuerpo sin vida en la zona urbana del municipio de El Bagre. Es indispensable exigirle a estos violentos que dejen por fuera de cualquier conflicto a la población civil y el Estado debe brindar las garantías de seguridad a las comunidades.