El hackeo realizado por el colectivo Guacamaya y que derivó en la filtración de decenas de miles de documentos y correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, desde 2016 hasta la actualidad, revelan la vulnerabilidad del Ejército de México en relación con la ciberseguridad y evidencian violaciones a los derechos humanos.
Revela, también, incompetencia o un descuido por parte del Gobierno en la protección de ciberseguridad de sus instituciones, pero también la información que se ha revelado está ya contribuyendo a investigaciones que previamente se iba haciendo, relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
El Ejército y el Gobierno tienen responsabilidad por omisión dentro de una institución por las vulnerabilidades que hay en sus redes internas, en sus sistemas de seguridad cibernética. Además, se confirma que el Ejército está ejerciendo inteligencia de forma ilegal y esa información está fluyendo libremente, poniendo todavía más en riesgo a las personas. La semana pasada varios medios reportaron la filtración de decenas de miles de correos electrónicos que estaban desde 2016 hasta la actualidad en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena.
Los más de 4 millones de documentos fueron extraídos por el colectivo Guacamaya, un grupo de activistas informáticos anónimos que ya habían hackeado a compañías mineras de países como Chile o Guatemala, petroleras de Venezuela, la Fiscalía de Venezuela, el Ejército chileno o el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, entre otros.
Los documentos incluyen detalles sobre el estado de salud del presidente, exhiben el poder del Ejército dentro del gobierno y disputas entre los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Semar, José Rafael Ojeda.
También hay detalles sobre el llamado "Culiacanazo", operativo fallido de octubre de 2019 que buscó detener a Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo" Guzmán en Sinaloa, en el noroeste del país, o sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, en 2014.
Varias investigaciones se han presentado con el conocido “Ejército Espía”, que recoge los casos de Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas; del periodista Ricardo Raphael, y un periodista del medio de comunicación Animal Político, cuyos teléfonos móviles fueron intervenidos durante la actual administración mexicana; esa investigación que lleva meses trabajando se nutrió en los últimos días de información obtenida a través de ese ataque informático a la Sedena. Sin embargo, el mandatario rechazó las acusaciones de que el Ejército espíe a periodistas o a opositores a través del software Pegasus, afirmando que no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, porque no son iguales a los anteriores gobiernos. López Obrador afirmó que hizo el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, y pidió que si hay pruebas se presenten ante las autoridades correspondientes, pero que tras leer sobre la denuncia consideró que no hay elementos.
Hasta el momento, varios medios de comunicación han ido publicando información obtenida de los documentos filtrados, pero los expertos insisten en que en las próximas semanas e incluso meses será que se vaya conociendo la información al completo, dado el volumen.
En el transcurso de los días y los meses se sabrá más porque no será fácil procesar esta información. Se irá conociendo más cosas, se ira conociendo a la Sedena por dentro pero también al propio Gobierno mexicano, por la concentración de funciones y la centralidad que ha ido teniendo la Sedena en esta legislatura.