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Jue, Mar

Más gestores de paz

Editorial
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Después que el gobierno colombiano emitiera el decreto que creó una comisión gubernamental que valorará los casos de personas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que están privadas de libertad por casos como las detenciones en protestas para que participen como "voceros" o "gestores de paz", de aquí en adelante se puede esperar cualquier atrocidad o barbarie jurídica, social o económica que haga el presidente Gustavo Petro.

Violando todos los parámetros jurídicos, la comisión declarará inocentes a los violentos que están en las cárceles de Colombia acusados de terrorismo, sedición, rebelión, concierto para delinquir, y otros delitos que ameritan cárcel para que reparen el daño que le hicieron a la sociedad colombiana, en los bienes inmuebles de la comunidad y los daños millonarios en los bienes de uso público. Desafortunadamente, la comisión ya comenzó a dar frutos para que los bandidos puedan disfrutar de sus navidades en casa, tranquilamente.

Entonces, ¿qué pasará con los residentes y comunidad afectada en cuantías millonarias por las marchas violentas? ¿Quién les repara a ellos? ¿Quién les repone las inversiones que hicieron en sus negocios en donde invirtieron años y años de trabajo? ¿Será que tendrán que pararse en frente de las cárceles de Colombia para cuando liberen a estos violadores de la paz y de la democracia, les cobren el daño ocasionado? ¿Qué clase de paz está formando el gobierno? Paz con impunidad.

Como aquí en Colombia no hay justicia y el gobierno se la pasa por la faja, la dichosa comisión será la encargada de trazar los lineamientos para proponer al presidente Gustavo Petro los nombres de los privados de libertad que consideran que podrían ejercer esa labor de gestores de paz. El presidente solo agacha el dedo, elige a sus amigos y les da la libertad.

Así. Fácil, facilísimo y sencillo, sin problemas y no paso nada.  Pero, ¿por qué la rama judicial guarda silencio y ve expectante todo este proceso en donde ellos son los más ignorados? ¿Por qué no se pronuncia, como hacían antes, de la clara e impertinente intromisión del Ejecutivo en los procesos judiciales?

¿En dónde está la voz autoritaria y de llamado de atención de los presidentes de las Altas Cortes ante la violación fragante del accionar judicial? ¿Por qué callan y miran expectante el circo que ahora es la justicia colombiana? Y lo peor, ¿por qué no actúan en favor de la justicia y de los afectados con todas estas marchas violentas incitadas y patrocinadas por el presidente y el senador Bolívar? ¿En dónde está el cuestionamiento a ellos en esta parte del circo judicial? Queda claro, que las modificaciones hechas por el Gobierno de Petro para lograr este fin, otorga al presidente una facultad totalmente abierta para excarcelar detenidos cuando considere que pueden aportar al manejo de la conflictividad social. Suena terrible pero es la verdad.



Ahora para justificar lo inocentes que son los miembros de la Primera Línea, el gobierno propone 100 mil nuevos gestores de paz, con sueldo de un millón, para que asuman el papel. Serán jóvenes de la calle, escogidos por el gobierno, que sean simpatizantes del mismo y que se identifican políticamente con ellos, para ganar un millón de pesos, cuando hay tantos jóvenes que necesitan apoyo social, cultural y educacional.  Estamos seguros que hay mejores formas de invertir y gastar 1.2 billones de pesos al año, que cuesta pagarle a esos jóvenes para que se conviertan en la guardia pretroriana del gobierno y del Pacto Histórico.

Ya los veremos a los nuevos "gestores de paz" jóvenes de la calle, protestando, con un millón de pesos en los bolsillos, acompañando a los miembros de la Primera Línea, en sus marchas destructoras. 

El anuncio hecho por Petro, de nombrar como "gestores de paz" a unos 230 jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021, para lo cual serán liberados antes de Nochebuena ha traído una larga polémica en Colombia y ha traspasado la frontera y es tema en el ámbito internacional, que ve esta situación como muy lamentable y preocupante.

Veinte ex gobernantes de España y América Latina expresaron su preocupación por la posibilidad de que los detenidos por las protestas sociales del año 2021 en Colombia eludan sus responsabilidades ante la Justicia mediante la aplicación de figuras legales de uso excepcional. En una declaración escrita hicieron un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia.


Hay que recordar que un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. 



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