Delia Espinoza denuncia golpe a la democracia tras intento de restitución de su antecesora Patricia Benavides
La tensión institucional en Perú se intensificó este lunes tras la sorpresiva decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de revocar la destitución de la exfiscal general Patricia Benavides, quien intentó reasumir el cargo pese a la resistencia de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que calificó el hecho como un “golpe a la democracia”.
A través de un video publicado por el Ministerio Público, Espinoza advirtió que “se pretende sacarme por la fuerza del cargo”, y acusó que la maniobra representa el “primer paso de un golpe al estado democrático del país”. La fiscal, elegida en octubre de 2024 por la Junta de Fiscales Supremos, alertó sobre la posible retirada de su seguridad personal por parte del Ministerio del Interior, y responsabilizó a las autoridades por cualquier atentado contra su integridad.
El conflicto estalló tras la llegada de Benavides a la sede central del Ministerio Público en Lima, donde buscó retomar funciones con respaldo de un grupo de simpatizantes. Aunque logró ingresar al edificio, no se le permitió el acceso a las oficinas principales por no cumplir con los protocolos de seguridad.
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Horas después, la Junta de Fiscales Supremos recibió una notificación de la JNJ ordenando restituir a Benavides como titular del Ministerio Público y levantar las sanciones disciplinarias que enfrentaba. Sin embargo, desde el propio Ministerio Público se cuestionó la legalidad de esa decisión.
“El único órgano que puede designar a un fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ no tiene esa facultad y está atentando contra la institucionalidad”, declaró Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, en entrevista con RPP Noticias.
Benavides fue destituida en mayo de 2024 por una presunta interferencia en una investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides. Además, enfrenta una investigación en curso por supuestamente liderar una red de tráfico de influencias dentro del propio Ministerio Público, motivo por el que pesa sobre ella una solicitud de suspensión por 36 meses.
La decisión de la nueva composición de la JNJ, que incluye magistrados diferentes a los que impusieron la sanción inicial, generó fuertes reacciones tanto en el ámbito político como jurídico. Diversos sectores temen que se consolide un choque de poderes con consecuencias impredecibles para la estabilidad democrática del país andino.
Hasta el cierre de esta edición, no se había resuelto de forma oficial quién ejercerá el cargo de fiscal general, aunque se prevé que este martes continúen las tensiones mientras el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia se disputan la interpretación de sus atribuciones constitucionales.