El próximo 20 de julio se instala un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, existiendo la expectativa entre los colombianos, por los proyectos de ley que presentará el gobierno de Presidente Duque, en materia de orden púbico, seguridad social, economía, salud, vivienda y obras de interés nacional que jalonen desarrollo, progreso, en el último año del actual periodo presidencial.
Y uno de los propósitos que presentará el gobierno nacional en la próxima legislatura es un proyecto de ley moderno de antidisturbios y antivandalismo, que rechace con claridad la violencia y el bandidaje, regulando las vías de hecho que afectan los derechos colectivos de los colombianos, ya que se debe actuar donde se presenten tumultos y bandidaje siendo un deber y no puede ser ni soslayado ni eludido, por las autoridades civiles, judiciales y policivas.
Los colombianos de bien deben rechazar con claridad la violencia y el vandalismo; la responsabilidad de la protección de los ciudadanos, de los bienes de uso público y privados y la protección de la vida misma, queda ahora en manos del Congreso de la República, que debe aprobar esta moderna ley, por el bien común en general.
La violencia y el vandalismo se combaten con el rechazo y las leyes que deben ser ajustadas a la realidad y de estricto cumplimiento, aplicándose con todo rigor en aquellos que la violan.
Ahora el gobierno nacional y el Congreso de la República deben trabajar unidos en la próxima legislatura para que Colombia tenga una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente y soslayar los derechos de los colombianos.
No hay que olvidar que todas las autoridades civiles también hacen parte del gran compromiso de proteger la vida de los gobernados y que deben ejercer su autoridad en momentos de difícil situación; por lo tanto, vale la pena recordar que la responsabilidad también recae sobre gobernadores y alcaldes, porque la defensa del orden público es una especie de pirámide institucional, que empieza desde lo local hasta el comandante supremo, pero donde ninguno puede relativizar la competencia y el deber de proteger la vida, honra, derechos y libertades, por consiguiente, no se pueden presentar en el territorio nacional actitudes indiferentes e impasibles de mandatarios locales frente a estos fenómenos, porque se estaría asistiendo a un incumplimiento del deber.
Así como se hace esa exigencia a los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía, también como sociedad se debe hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir a la institucionalidad, de agredir a quien protege a la ciudadanía, y de agredir a quienes defiende los derechos de los ciudadanos; de esta forma también se debe rechazar toda estigmatización o generalización, llamando por su nombre a quienes transgreden la ley y a quienes atentan contra la ley, ya que la Constitución consagra el derecho a la protesta pacífica y esa connotación no amerita discusión.
Hay que hacer énfasis en que la protesta pacífica debe estar exenta de violencia, de vandalismo, de disturbios y de bloqueos, porque no puede ni busca afectar derechos colectivos; por eso, es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía ya que a estos actos se les debe enfrentar con toda la capacidad institucional, con todo el imperio de la ley pero todo el apego a los derechos humanos.
En la Colombia que se quiere construir, debe existir cero tolerancia frente a esos fenómenos y se debe actuar con la Fuerza Pública con toda la legitimidad, porque esos hechos no solamente violentan el orden institucional y el orden constitucional, sino que también amenazan a toda la sociedad colombiana.