Una cifra en aumento
Editorial
Líderes mundiales en política y deportes
Advertidos
La noticia cayó como una bomba en el gobierno nacional que tiene como única respuesta suavizar las maltrechas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, las cuales sufren cada día más por la defensa que hace el presidente Gustavo Petro, de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; lo peor es que sigue comprometiendo seriamente los intereses de Colombia, algo que parece no le interesa a Petro.
El presidente norteamericano ha sido muy directo, claro, eso sí, guardándose lo mejor del mensaje para cuando se haga realidad. Trump dijo que "he oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. Y prendió las alarmas en el gobierno nacional dejando preocupado a los colombianos, ante la falta de seriedad y responsabilidad del presidente Petro en no saber manejar unas relaciones comerciales y económicas, que durante más de 200 años han sido exitosas.
Trump lo tiene claro; reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán muy pronto; insistió en que aunque Venezuela ha sido peor que la mayoría, hay otros países que también envían a sus narcotraficantes a Estados Unidos.
Y esa indirecta fue directa contra el gobierno colombiano, más cuando el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos, y el Ministro del Interior, Armando Benedetti están incluidos en la Lista Clinton, conocida como la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que incluye a individuos y entidades que están vinculados con actividades ilegales, como el narcotráfico y el lavado de dinero. En este caso, hay que caminar bien derechito, mayormente los implicados que tienen serios cuestionamientos también con la justicia colombiana, como el caso de Benedetti y de Nicolás Petro Burgos, quien precisamente esta siendo juzgado por varios casos de corrupción y la Fiscalía General de la Nación, esta pidiendo, mientras avanza el juicio, casa por cárcel para el hijo del presidente Petro.
En estos días la situación de país vecino no es fácil; los potenciales ataques en tierra venezolana significarán una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de los narcotraficantes, como ejemplo para otros que quieran imitar este delictivo comportamiento.
El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera. En octubre pasado, el presidente Trump dedicó fuertes críticas contra Petro, al que también señala como líder del narcotráfico y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.
Petro niega las acusaciones, hace toda clase de pataletas, se enfrasca en sus diatribas en redes sociales; califica a Trump de grosero e ignorante con Colombia y también ha rechazado como injerencia el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.
Trump defiende lo suyo, protege su país, trata de erradicar el problema del narcotráfico desde la raíz y tiene su propia justificación legal de estas operaciones advirtiendo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse de la "ola de drogas" que los cárteles envían hacia sus territorio; esto quiere decir, que el gobierno colombiano arroja un saldo en rojo, que tarde que temprano, seguramente tendremos que pagar.
Un pacto desigual
Una lucha que debe ser incansable
Ecuador asumió a finales de septiembre, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, CAN, y cuya importancia radica en que para fortalecer la arquitectura andina de seguridad subregional, se debe realizar en forma conjunta con todos países aliados al organismo; es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que aunque ahora no es un miembro oficial, pero históricamente ha estado involucrado en la CAN, debe integrar el bloque de lucha, por que es un país que lo está necesitando.
La Comunidad Andina, CAN, entró en vigor con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 y fue conocida hasta el 1996 como Pacto Andino o Grupo Andino. Es un organismo internacional de carácter económico, nacido para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los países y los pueblos andinos y está compuesta por cuatro Estados andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Proceso Andino de Integración cuenta con órganos e instituciones que forman parte del Sistema Andino de Integración, SAI. La sede de la Secretaría General se encuentra en Lima, Perú, y la sede del Parlamento Andino en Bogotá, Colombia y además es un organismo que sirve para integrar a las naciones en la lucha contra el narcotráfico, por que comparten frontera, que además es amplia y bastante complicada, lo que es aprovechado por los grupos al margen de la ley y narcotraficantes para hacer su negocio más productivo.
Es muy importante que se ponga toda la atención necesaria y debida a los temas prioritarios que maneja la Comunidad Andina por que agrupa a casi 109 millones de habitantes, en una superficie de 3 798 000 kilómetros cuadrados, cuyo producto interno bruto nominal se estima ascendería en el 2018 a 706 903 millones de dólares; son cifras que mueven todo un tejido social compuesto por los renglones económicos, sociales y de seguridad nacional.
Tal como lo ha enfatizado el presidente Daniel Noboa, mientras un solo Estado no esté seguro, ninguno podrá estarlo plenamente; ahaora se tiene la oportunidad de constatar el camino recorrido y sobre todo de identificar los desafíos pendientes para hacer más efectiva la respuesta común.
Los delitos como el tráfico de armas, de droga y de migrantes, la minería ilegal y los delitos financieros continúan afectando directamente a los pueblos andinos ya que el crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la institucionalidad democrática y la convivencia en la región, por lo que la cooperación, es indispensable; además hay que subrayar de la existencia de la necesidad de que las zonas de frontera sean espacios seguros y territorios de oportunidades, crecimiento y cohesión social.
Cuando Ecuador asumió la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, se planteó con claridad que la seguridad subregional sería uno de los ejes prioritarios del trabajo y por ellos los Estados son los que tienen que estar presentes y para eso se tiene que trabajar en conjunto tan velozmente como el enemigo lo hace. No hay tiempo que perder.
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