La orden del Gobierno Nacional es clara: identificar quién está detrás de los ataques y crímenes de defensores de derechos humanos en los últimos meses en el país, cinco de los cuales se presentaron este fin de semana en Caquetá y Nariño. En esos dos departamentos, además de Cauca, más de 21 fiscales y escuadrones de policía judicial están en los departamentos.
Tres de los ataques en contra de líderes se perpetraron en Caquetá: Erley Monroy Fierro (asesinado), Hugo Cuéllar (gravemente herido), Didier Losada (asesinado). Los otros dos fueron en Nariño: Rodrigo Cabrera (asesinado) y Danilo Bolaños (intento de homicidio).
Aunque oficialmente las autoridades no confirman quién estaría detrás de los asesinatos, sí empezaron a hilar dentro de la investigación que inicialmente apuntó a que podría relacionarse a un presunto exterminio de líderes de derechos humanos en el país en medio de la firma de los acuerdos de paz.
Sin embargo, el general Jorge Hernando Nieto, director Nacional de la Policía, descartó un ataque sistemático en contra de líderes de derechos humanos y destacó que no se puede generalizar en todos los casos porque cada caso es individual.
Desde el terreno, las autoridades establecieron que hasta hace seis meses, Erley Monroy Fierro, asesinado en área rural de San José de Losada, Caquetá, había sido tesorero de una junta de acción comunal, pero no defensor de derechos humanos.
Hugo Cuéllar, a quien intentaron asesinar en San Vicente del Caguán cuando asistía al funeral de Erley, su primo, también era líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de La Victoria, pero no defensor de derechos humanos. Ninguno de los dos había pedido protección, ni había instaurado quejas sobre su seguridad, según el coronel Miguel Ángel Botía, comandante de la Policía de Caquetá.
Versiones
Del crimen de Erley Monroy Fierro se han tejido varias versiones. Incluso trascendió una disputa con el alcalde de San Vicente del Caguán, Caquetá, Humberto Sánchez de Centro Democrático. Incluso Aida Avella, expresidente de la Unión Patriótica, trinó en su red social de Twitter: “Al Alcalde de San Vicente del Caguán le incomoda la zona de reserva campesina Lozada-Guayabero. Casualmente los muertos la promovían”.
El alcalde Sánchez informó que pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer con celeridad estos crímenes “porque no queremos que estos asesinatos, que lamentamos, se conviertan en fortín político”.
Diferencias
Humberto Sánchez confirmó a Caracol Radio que sí había enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos donde le pedía que atendiera a una comunidad en San Juan de Losada que se regía bajo sus propias normas de convivencia y Erley- el muerto- hacía parte de esa organización.
“Como mandatario tenía que poner en conocimiento, pero diferencias con él ninguna... Les cobraban a campesinos y ganaderos por la actividad económica que ejercían. Y no era posible que eso sucediera porque esa es una práctica de las Farc. Pusimos en conocimiento el tema para que investigaran.