No hay explicación para lo que sucede en Venezuela, solamente se puede entender que la situación en ese país se debe a una posición de orgullo y ganas de tener el poder, sin importar lo que pueda sufrir el pueblo venezolano; ahora el presidente Nicolás Maduro pidió la ayuda a la Onu para regularizar el suministro de medicinas y enfrentar la escasez que atraviesan, como si esto no lo supiera y fuese alguna novedad en ese país.

No hay explicación para lo que sucede en Venezuela, solamente se puede entender que la situación en ese país se debe a una posición de orgullo y ganas de tener el poder, sin importar lo que pueda sufrir el pueblo venezolano; ahora el presidente Nicolás Maduro pidió la ayuda a la Onu para regularizar el suministro de medicinas y enfrentar la escasez que atraviesan, como si esto no lo supiera y fuese alguna novedad en ese país.

Algunos medios influyentes en los Estados Unidos ya comienzan a preguntarse ¿por qué Nicolás Maduro no ha respondido tan virulento, como suele reaccionar contra el “imperio”? Incluso al grado de inventar amenazas inexistentes para hacer la apangada que el país es objeto de un peligro extremo enfrentando a un todopoderoso enemigo.

La crisis económica y social que golpea a Venezuela desde hace más de una década ha sido el principal motivo para que decenas de ciudadanos abandonen sus hogares, buscando en otros países mejoras tanto a nivel personal como profesional.

La Ley de Amnistía, aprobada en diciembre en Colombia para los actores del conflicto armado con la guerrilla de las Farc, incumple los estándares internacionales y no garantiza los derechos fundamentales de las víctimas, según el informe anual de la ONU sobre derechos humanos en el país en 2016.

La Asamblea Nacional de Venezuela declaró crisis humanitaria en materia alimentaria y anunció que emprenderá acciones para ejercer un mayor control sobre las políticas del gobierno todo dentro del terrible proceso que vive Venezuela. 

Así quedó la mesa principal de la reunión convocada por los comerciantes de San Juan del Cesar, para buscar soluciones a la crisis de seguridad que vive el municipio.

En Maicao la comunidad pide el retorno sano y salvo de la niña Seiry Palencia Márquez, desaparecida hace un año.

Indígenas de la comunidad Wayúu declaran emergencia educativa y salieron a protestar bloqueando la calle ancha frente la Secretaría de
Riohacha reclamando celeridad en la contratación de docentes para 17 centros etnoeducativos, y que se diligencie prontamente el PAE,
transporte y suministro de agua en las instituciones para que los niños asistan a Clase.

La ceremonia dio inicio con un tedeum y luego se siguió con una ofrenda floral ante el monumento de Padilla.

Dentro del itinerario de su gestión como gobernador (e) del departamento, Weildler Guerra realizó una visita a Jeroen Roodenburg, embajador de los países bajos en Colombia quien manifestó sus firmes intenciones de visitar La Guajira. 

El Gobernador de La Guajira (e), Weildler Guerra Curvelo organizó una reunión con los miembros de la comisión de Moralización para luchar contra la corrupción.

Casi nunca el Consejo Gremial Nacional aplaude a uno de sus invitados. Sus reuniones son sesiones de análisis de la realidad nacional desde la óptica empresarial y nada más. No hay halagos, compromisos políticos ni aplausos. No obstante, estos se escucharon espontáneamente tras la reciente intervención del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El fiscal dijo cosas importantes, pero fue más lo que transmitió. El CGN sintió que, mientras el gobierno está a la defensiva, tratando de comprar capital político con promesas postrimeras y sin tiempo, como la de Colombia Repunta o el refrito de una adición anunciada desde que se le metió la mano al bolsillo de los colombianos con la reforma tributaria; y mientras la clase política –con honrosas excepciones–, se dedica a “fastrackear” los acuerdos con las Farc y a reacomodarse para 2018 –la politiquería electorera–, siempre con el discurso de campaña sin compromisos, pues si los hubiera resultarían un vestido incómodo a la hora de avales y de votos; mientras todo ello sucede –repito–, el Consejo Gremial sintió que hay un Fiscal pensando en Colombia con dimensión de Estado y responsabilidad de futuro.

Es conocido para muchos que la familia es el grupo humano primario en la vida de toda persona, es en la familia donde se aprenden las formas de comportamiento básicas para luego interactuar con el mundo, nuestras reacciones y formas de relacionarnos dependen mucho de nuestro ambiente familiar. Es en ella donde aprendemos a recibir y expresar amor, seguro que debemos revisar en este día nuestras relaciones familiares y encontrar ahí respuestas a nuestras maneras de vivir hoy.

La pobreza es nuestra responsabilidad política. Los indicadores presentados en el Congreso de la República son una vergüenza: los colombianos en situación de pobreza multidimensional ascendieron a 4.068.000 en 2016; mientras que el 28% de la población nacional estuvo en condición de pobreza monetaria en el mismo año.

Cuando el “señorío” perdió su connotación feudal relacionada con el poder, adquirió una más hermosa: la de un valor, el de “la gravedad y mesura en el porte o en las acciones”; el del “obrar sujetando las pasiones a la razón”. Es todo un “señor”, decían los abuelos, siseando con fuerza la primera sílaba, cuando se referían a una persona recta, decente, honorable; antes de que en nuestra trastocada escala de valores fuera más importante ser “doctor” a toda costa.

Contra todos los pronósticos el crecimiento del PIB del 2016 reportado por el Dane redondeó el 2%, sólo el Gobierno terminó acertando al plantarse en esta meta después de verse obligado a revisar su meta Aa la baja más de una vez, desde su apuesta inicial del 3%. En promedio las proyecciones que aventuraron los analistas para el crecimiento del año pasado fue de 1.87%.

La democracia debe ser el puente para transitar entre la guerra y la paz. Los colombianos han visto con desilusión que las discusiones sobre el proceso de paz en el Congreso de la República, se han empobrecido, y se reducen a blindar jurídicamente un texto acordado en la mesa de La Habana y a los actores que se sentaron en ella.
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