La Procuraduría Regional de La Guajira, les corrió pliego de cargo a la presidente de la corporación y a un concejal del municipio de Maicao, por la existencia de una presunta inhabilidad.
Los investigados son los concejales: Oscar Javier Choles Redondo y Laid del Socorro Díaz, esta última tiene la dignidad de presidenta de la corporación.
La audiencia pública se desarrolló como estaba prevista, el viernes anterior, comenzó pasadas las 10 de la mañana y terminó cerca de la 1 de la tarde y contó con la presencia de todos los involucrados en el proceso que sigue el Ministerio Público.
El cargo que imputó la Procuradora, Carmen De Vega de Martínez, a Oscar Javier Choles Redondo, es por haber tomado posesión del cargo de Concejal de Maicao a pesar de existir una inhabilidad conocida por un parentesco.
En la misma circunstancia, a Laid del Socorro Díaz es por haberle dado posesión a pesar de existir una inhabilidad conocida por un parentesco.
Choles Redondo, estuvo acompañado por su abogada Xiomara Molina Morales; mientras que Socorro Díaz, es defendida por el abogado munguiero Wilmer Covo.
En la audiencia pública, tomó la palabra el concejal denunciado Oscar Javier Choles Redondo; quien argumentó su defensa en decir que no está inhabilitado; porque el rector de una Institución no ejerce autoridad administrativa, ya que no tiene facultades para contratar y mucho menos para hacer evaluaciones de desempeño a los docentes.
Por su parte, la presidenta Corporación, Laid del Socorro Díaz, precisó que consultó a más de 10 abogados con el propósito de no equivocarse y todos les afirmaron que no había inhabilidad y que le podía dar posesión a Oscar Javier Choles Redondo.
La servidora pública contó, que les mostró el fallo a varios profesionales del derecho, quienes abiertamente le manifestaron que no existía imposibilidad alguna en esa posesión.
En ese orden, el Ministerio Público ordenó a realizar varias pruebas entre ellas, deberán declarar los abogados que supuestamente aseguraron no haber ninguna inhabilidad, que a las claras estarían contradiciendo lo manifestado en el fallo del Consejo de Estado. En tal razón, deberán declarar en la audiencia denominada como práctica de pruebas, el próximo 28 de junio los profesionales del derecho Orlando Mejía Pinto, Basilio Lindao Pana y José Carlos Molina, entre otros, juristas quienes habitan en el municipio fronterizo.
El Semanario La Guajira, consultó a varios abogados en la capital de La Guajira, en torno al cargo que le atribuyó el Ministerio Público y dijeron que, de no cambiar el cargo y si los investigados resultaran comprometidos, les caería una sanción que oscila entre 10 a 18 años de inhabilidad general para ser elegido por elección popular y el mismo tiempo, para laborar con el Estado.
Es preciso afirmar que esta investigación nace por la denuncia que instauró la abogada Carmen Teresa Palmarrosa Bruges, quien defiende los intereses de Jaime Alfonso Arregoces Torres, quien participó en las pasadas elecciones como aspirante al Concejo; quedando de tercero en la lista y hoy quiere sentarse en la silla de Oscar Javier Choles Redondo, habiendo derrotado en los estrados judiciales a Carlos Gómez Mogres a quien también le demandó la credencia saliendo airoso.