Una diferencia económica con la empresa Electricaribe, enfureció a la comunidad de La Cachaca 1 que decidió bloquear la Troncal del Caribe a la altura del Municipio de Riohacha.
Los nativos descendiente de la etnia wayuu, le exigen a la empresa igualdad en el sentido que a los vecinos de Puerto Caracol se les rebajó la deuda 600 mil pesos y a ellos le están cobrando 3 millones de pesos, así lo explicó Lorena Pushaina, líder de la comunidad de La Cachaca 1.
El bloqueó comenzó hacia las 8 y 40 de la mañana y culminó al medio día cuando después de un diálogo el Secretario de Gobierno del Municipio, Blas Quintero Mendoza, habilitaron un carril después de con la líder y se sentaron a negociar en horas de la tarde.
Dijo que reconocía que los wayuu eran pícaros, pero también somos conscientes que la empresa cobra la fibra óptica que pasa por su predio, al igual que las líneas de energía y nunca han pagado servidumbre.
“Nosotros sabemos que somos pícaros, pero ellos también nos han picareado, porque no nos paguen con la servidumbre que nos deben”, precisó Lorena Pushaina la representante legal de los nativos de ese sector.
A la comunidad se le dañó el transformador y le exigen a Electricaribe, colocárselo para ellos permitir que conecten a la otra comunidad que ya negoció con la empresa.
Al cierre de la presente edición, todavía sostenían una reunión con participación de funcionarios de Electricaribe, la Alcaldía de Riohacha, Secretario de Gobierno del Departamento y miembros de la Policía Nacional.
Por su parte, la empresa Electricaribe manifestó su voluntad de diálogo y concertación ante la problemática de falta de pago que actualmente mantiene sin suministro eléctrico a las rancherías de Puerto Caracol y Cachaca 1 y 2, jurisdicción del municipio de Riohacha.
No obstante, señaló que actualmente la deuda de estos sectores por consumo de energía, supera los 150 millones de pesos y a pesar de las reiteradas gestiones realizadas no ha sido posible el pago de la obligación por parte de la comunidad.
La compañía espera lograr un acuerdo con las comunidades frente a la problemática de la alta cartera morosa.
