Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
En el mundo moderno, mientras las instituciones producto de la diversidad étnica y cultural se protegen contra el sincretismo para evitar su agotamiento, las instituciones estatales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ellas se agotan y son reemplazadas por otras. Esto no siempre es valorado adecuadamente por los funcionarios del Estado, máxime, cuando se mantiene el interés de preservar el actual estado de cosas.
Algunos funcionarios, analistas y los directivos de Corpoguajira creen que han salvado la institucionalidad del Consejo Directivo al adoptar de manera mayoritaria la negación de la posesión como consejera indígena a la señora Zoila Brito Inciarte, entre otras cosas, haciendo un uso desmedido y arbitrario de la fuerza pública. Mientras estos se encuentran muy felices y celebrando el ejercicio de la participación en la conformación del poder público, siento que ello se consolida como un verdadero hito en el inicio de la muerte de la más importante institución cultural de La Guajira, como es el uso de palabra para dirimir disputas y conflictos entre los wayuu.
En torno de la representación indígena ante el Consejo Directivo, en un gesto conciliación y paz, los tres candidatos decidieron dejar sin efectos el proceso de elección del día 30 de diciembre de 2011 y acordaron distribuirse el periodo institucional de la consejería de cuatro años entre los tres candidatos en periodos de 16 meses cada uno, comenzando periodo el señor Amilkar Berti Bonivento, a quien sucedería la señora Zoila Brito Inciarte y a esta el señor Hugo de Jesús Gómez, decisión que fue comunicada por los mismos a los demás asistentes a la reunión y que quedo consignada en un "Acta de Cierre de la Asamblea General del día 30 de Diciembre de 2011, la cual fue legitimada por la Secretaría del Consejo Directivo y con la que finalmente se le dio posesión al Sr. Berti Bonivento como Consejero de la Corporación, quien ahora se niega a ser reemplazado con el apoyo de los consejeros.
El acta en mención, se constituye en un instrumento de conciliación al interior de las comunidades participantes, ya que se asume que los relevos que se determinan o lo sucedáneo de los periodos dentro del institucional se desprende de las calidades de cada uno de los firmantes, reconociendo que se pueden reemplazar al otro por tener propiedades o calidades similares al final del periodo estipulado en la misma.
El día 29 de julio de 2013, en un diálogo intercultural y teniendo en cuenta el valor de la palabra para el pueblo wayuu, y después de las múltiples consultas realizadas, se suscribió una nueva acta en donde intervinieron las autoridades participantes en el proceso y registradas ante Corpoguajira como tales, quienes en ejercicio de los derechos que le otorga la Constitución Política de Colombia, la autonomía que señala la norma para elegir a sus delegados y la protección especial que les da el Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, validaron los acuerdos allí establecidos y reiteraron la petición formal para que se le dé cumplimiento a lo allí pactado.
Esas voces procedentes de la institucionalidad étnica y cultural no han sido escuchadas por la comunidad de actores que representan, protegen y dicen custodiar la institucionalidad estatal. Los funcionarios de Corpoguajira fueron mucho más allá, usaron la fuerza pública para evitar que uno de los actores de la etnia pudiera acceder al lugar en donde se discutía un hecho trascendental para el pueblo wayuu.
A esa mayoría de consejeros y directivos de Corpoguajira, le recomiendo leer el texto "La disputa y la palabra. La ley en la sociedad Wayuu", del antropólogo Weildler Guerra Cúrvelo, considerado como una contribución muy original al conocimiento de la sociedad de este grupo étnico, en donde se rescata la importancia de la palabra, el uso social de la lengua en la mediación social y el uso de las relaciones sociales a través del lenguaje. Cuando tengan tiempito, deberían echarle una miradita a la Sentencia de la Corte Constitucional T-371 junio 27 de 2013, en donde esta deja claro que la intervención del Estado en asuntos electorales de los indígenas es de manera excepcional. Señala la sentencia, que es del fuero exclusivo de las comunidades indígenas darse una solución interna a sus conflictos y, por lo tanto, escapa al juez constitucional y de cualquier funcionario del Estado la definición de una situación en particular, so pena de lesionar la diversidad étnica y cultural de estas comunidades, en nuestro caso, la institución de la palabra entre los wayuu.