Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Como todo cristiano, usé la semana santa para reflexionar sobre la vida, la espiritualidad, los niveles de conciencia sobre la realidad cotidiana que te aborda, absorbe y que te impone retos. Estando en ello, me di a la tarea de relacionar los álgidos problemas sociales de La Guajira con las creencias. Así surgió mi interés por apoyar esta explicación en el “ballet cantado" llamado los siete pecados capitales.Como universitario aprendí a conocer a Eugen Berthold Friedrich Brecht y a través de él, juntar filosofía, cristianismo, sátira y rebeldía. De a poco, los siete pecados capitales, se clavaron en mi memoria como el mejor descriptor de los lo que nos ha pasado en La Guajira. Finalmente y después de varias horas, pude comprender que los cientos de niños que se mueren cada año por desnutrición reportados por el Dane y los que son enterrados directamente en las ranchería, es producto de combinar a lo guajiro la pereza, la soberbia, la ira, la gula, la lujuria (como deseo incontrolable y perverso), la avaricia y la envidia. Todo estos pecados se han venido alineando y consolidando en la construcción de una realidad que hay que transformar de manera consciente y planificada.
No tenemos que ir tan lejos y veamos un ejemplo del cual vale la pena aprender. El 18 de diciembre de 2008, mediante la ordenanza No. 260 la Asamblea Departamental de La Guajira le dio institucionalidad al Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional “La Guajira sin Jamushiri”, definido como el conjunto coordinado de acciones interinstitucionales e intersectoriales, orientadas a la puesta en marcha de la Política Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El plan tuvo cobertura en 14 municipios del departamento para beneficiar a 43.333 personas, población integrada por niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes, indígenas, madres con jefatura de hogar, tercera edad, desplazados, discapacitados, jóvenes vulnerables y a los más pobres.
Tres años más tarde, entre las dificultades identificadas en el proceso de ejecución del programa se pueden destacar su falta de focalización de la población en mayor estado de vulnerabilidad (la pereza), presentándose una dispersión en los ejes que lo caracterizaron. La multiplicidad de operadores regionales y locales elevaron los costos de transacción, lo que se convirtió en la más importante demostración de su debilidad institucional (la avaricia).
La supuesta dispersión geográfica facilitó que existieran comunidades beneficiadas doblemente con la misma estructura del programa, mientras que otras no gozaban de apoyo nutricional, es decir, que se fomentó la inequidad y la desigualdad (la gula y la lujuria como deseo perverso incontrolable). A su interior se aceptó la inadecuada selección de alimentos, evidenciándose el poco valor nutritivo de los mismos, igualmente, por el escaso suministro de micronutrientes. La multiplicidad de operadores y su falta de experiencia técnica generaron ineficiencias sociales al programa y por encima de todos, desde el poder regional se escondieron los malos resultados y la inadecuada asignación de recursos (la soberbia).
La inefectiva vigilancia y control, la falta de coordinación y articulación con los operadores, hizo de un programa social una feria de contratistas, que generaba ira en los actores del gobierno cuando de ello se hablaba en público. Se crearon pocos espacios para el desarrollo de prácticas productivas por parte de la población en estado de vulnerabilidad. La inexistencia de una clara línea de base, limitó las mediciones de impactos, que finalmente “mataron” el programa al revelarse las estadísticas ENSIN 2005-2010 comparativas de la desnutrición crónica en niños(as) menores de 5 años.
Teniendo en cuenta dichas estadísticas, se puede concluir que el programa “La Guajira sin Jamushiri” no fue de impacto para la población vulnerable, y que la Política Pública de Primera Infancia no dio los resultados tan ampliamente proyectados. Allí se gastaron $ 103 mil millones de regalías. Este es un programa, en donde se comprueba que la existencia de los recursos económicos no siempre garantiza el éxito de lo que se hace y que la mera “voluntad política” no siempre basta, por lo tanto, no es un programa para reproducir o envidiar.