Este 2016 se conmemoran quince años del inicio del Plan Colombia, también llamado de forma más refinada y diplomática como 'Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado' o 'Plan Colombia para la paz'. Fue artificio de los presidentes de Colombia y EE.UU., Andrés Pastrana y Bill Clinton. Concebido al principio como un 'Plan Marshall' para Colombia, con iniciativas parecidas a las que tuvo el país norteamericano en la Europa occidental de la segunda posguerra, fue escuchado y aceptado por el clamor incesante de Pastrana ante la Casa Blanca. El entonces presidente de Colombia centró su petición en que la coca era un problema social en donde hundía sus raíces el conflicto armado, por lo que los países desarrollados deberían brindar un apoyo solidario y efectivo para erradicarlo.
Gracias a la buena imagen que había recuperado Pastrana ante EE.UU. con respecto a su antecesor, el Departamento de Estado y la administración Clinton dieron el visto bueno para una cooperación sin reservas en materia de seguridad y defensa para Colombia. Entre 2000 y 2005, Colombia recibió 2.800 millones de dólares a nombre del Plan, que junto a la asistencia del Departamento de Defensa promedió los 4.500 millones. En 2005, cuando parecía que la ayuda se acababa, Bush pidió fondos adicionales al Congreso para agregar 463 millones de dólares a través del ACI (Andean Counterdrug Initiative, Iniciativa Andina contra las drogas) y 90 millones a través del FMF (Foreign Military Financing, Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras).
La conmemoración inicia este miércoles con el arribo del presidente Santos a Washington para cumplir una agenda diplomática y festiva, que ha tenido como antesala además el anunciamiento del expresidente de Uribe de que no asistirá a tal acto, y los sendos ataques verbales del expresidente Pastrana al proceso de paz, diciendo que han sido "el entierro del Plan Colombia" y que las Farc-EP han ganado en la mesa de La Habana "el lavado de su cartel". En la entrevista que el expresidente y gestor de la iniciativa le concedió a El Espectador, resalta que "lo más importante para recordar es que se trató de un esfuerzo social (quiero enfatizar lo social) y militar conjunto entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y sus secuelas en todos los órdenes de la vida nacional." Paradójicamente, lo social no se notó por ningún lado. Las iniciativas sociales, económicas y de derechos humanos que provinieron de ese país durante el período de existencia del Plan Colombia, fueron emprendidas por organismos y grupos que no pertenecían al Departamento de Estado ni a la administración ejecutiva de EE.UU. Pero por otro lado, desde el inicio de la década pasada, Colombia presenció como nunca la intervención y presencia militar estadounidense en el territorio.
Las tropas estadounidenses empezaron a pisar territorio nacional desde 2003, cuando las Farc-EP secuestraron a tres contratistas estadounidenses, con el pretexto de colaborar en su búsqueda y rescate. Con el visto bueno del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, empezó a arribar un mayor número de miembros del Departamento de Defensa de EE.UU., para desembocar en 2009 con el acuerdo bilateral que permitiría el acceso militar del país norteamericano a siete bases militares en Colombia. Las bases de Malambo, Atlántico, de Palanquero, en la región del Magdalena Medio, de Apiay, en el Meta, y las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga, en el Pacífico, así como el centro de entrenamiento de Fuerte Militar Tolemaida, y el Fuerte Militar Larandia, en Caquetá, se convirtieron en fortines estadounidenses que no sólo acompañaban labores militares en Colombia, sino que amenazaban la estabilidad política de la región sudamericana.
El resultado: fracaso de la guerra contra las drogas; fallo de la vía militar para la finalización del conflicto y empate bélico en la confrontación entre Fuerzas Militares e insurgencias; despilfarro y sobrecosto del aparato militar del país; violación de más de cincuenta menores de edad colombianas por parte de soldados estadounidenses entre 2003 y 2007, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico. No es tan descabellado entonces el reclamo de las Farc-EP, en cabeza de 'Pastor Alape', de que EE.UU. debería ayudar a financiar la paz en esta nueva etapa, tras haber fracasado en el Plan Colombia que lanzó hace quince años, sembrando el territorio nacional de más mortandad, representando una 'dolorosa tragedia nacional'.
Por: Sebastian Herrera Aranguren
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08
Mié, May