Nuevamente, el gobierno central anuncia con bombos y platillos y dentro de una gran parafernalia orquestada por los medios de comunicación masiva, la gran “Reforma” a la Salud, o sea, a la legislación que “controla” al sector salud y a cada uno de los actores que en él sus malabarismos operativos y administrativos que han llevado al país, partiendo de la fatídica ley 100 de 1994, a comercializar la salud y la vida de los colombianos en aras del gran “negocio” por parte de estos engendros nacidos de la citada norma y sus actos legislativos reglamentarios.
El inmenso despeñadero de recursos económicos en que se convirtió el sector salud con la puesta en marcha de estas canallescas organizaciones cambió el precepto sagrado de la salud, y, al tenor de sus actuaciones, lo más importante para el sistema de salud colombiano no es el paciente, no es su bienestar, no es la garantía de su salud y de su vida, aquí lo más importante es la magna rentabilidad de los operadores del sistema, mal llamadas empresas promotoras de la salud.
Dentro de ese orden de ideas se creó un ente ordenador y decisorio que determina hasta donde pueden ellas “gastarle” recursos a cada caso, es decir, paciente, sin atentar contra su “viabilidad económica”, y lo llamaron Plan Operativo de Salud, el fatídico POS que dice que se le puede tratar a un paciente y que nó, dependiendo no de la patología que presente el mismo sino de los costos en que hay que incurrir para tratarlo, y si son siquiera medianamente altos, son declarados por fuera del POS, o sea, de las posibilidades de tratarlo porque ello afecta el equilibrio fatal diseñado en la formula paciente-tratamiento por estas empresas que les permita ser un “negocio” altamente rentable aun en abierto detrimento de la salud y la vida del paciente, con la bendición, sospechosa y muy cuestionable, del alto gobierno.
De allí nacen la serie de hechos que cada día se presentan a lo largo y ancho del país y que han matado a más colombianos que la misa guerra intestina que vivimos durante seis décadas, como los paseos de la muerte, los medicamentos y procedimientos No-Pos, la comercialización canallesca y denigrante de la sagrada profesión de la medicina, el indigno tratamiento que recibe el colombiano de a pié para acceder o tratar de acceder a la atención medica que necesita para salvaguardar su vida y su salud.
Todo ello bajo la vista complaciente del estado, y hoy se nos plantea una nueva “reforma” a la salud en la cual una de las perlas más brillantes y que pasaba desapercibida y no nombrada en ninguna de sus cantinflescas intervenciones por el señor Ministro de la Protección, y es que se privatizan, con un articulito “insignificante”, los recursos, más de treinta billones de pesos anuales, que se destinan al sector de la salud una vez sean girados a las voraces fauces de estos intermediarios letales engendrados por la Ley 100 y sostenidos en el tiempo por todas las administraciones subsiguientes a ella, muy bien “protegidas” por el ministerio de la “protección” y defendidas por el propio presidente quien las declaró “intocables” en el colmo del cinismo que lo caracteriza desde la bonachona sonrisa que utiliza para anunciarles a los colombianos cada nueva pilatuna.
Cual reforma? Cuáles cambios? Si el eje de la corruptela sigue allí. Donde esta gestión del estado para hacerles pagar a las EPS los más de dos billones de pesos que nos deben a los colombianos? Esto no se toca en la cacareada “REFORMA”, todo lo contrario, ahora se les va a entregar en bandeja la totalidad de los recursos del sector a través de su privatización para evadir de golpe y porrazo todos los controles y la vigilancia existentes en el manejo de los recursos estatales, y las convierten en intocables para la ley e inalcanzables para la justicia. Esa es la nueva reforma, y recordemos siempre que “los pueblos se merecen su suerte”.