Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Los gobiernos, el departamental y el municipal de Riohacha desean poner en marcha la laguna de oxidación. Esta es una obra clave para mejorar la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Hace dos meses y después de muchos esfuerzos se firmaron unos acuerdos con las comunidades indígenas de la zona de influencia del Arroyo, lugar donde se construirá la misma.
Muy a pesar de ello, aún se mantiene cierto grado de incertidumbre por la histórica desconfianza que ha rodeado este proyecto vital para la ciudad.
Las obras de la laguna de oxidación se encuentran pendientes de reiniciarse y mientras tanto, las aguas residuales se vierten en áreas costeras. Como la Villa Olímpica, se ha convertido en otro elefante blanco. A la fecha cerca de $ 2.200 millones se encuentran en manos de particulares. Ella hacía parte del Plan Maestro de Alcantarillado de Riohacha y se incorporó al Plan Departamental de Agua Potable. Técnicamente debía ser la primera obra a ejecutar, pero intereses políticos y electorales hicieron que su construcción se retrazara por años poniendo en jaque un servicio esencial para la ciudad, es decir, la laguna nació oxidada.
Se inició con los contratos No 210 de 2001 para el suministro de la tubería y el 487 de 2001 para construir la laguna. El valor a ejecutar fue de $ 3.279.8 millones. Los contratos se suspendieron días después de recibidos los anticipos. Frente a estos hechos el Secretario de Obras del Departamento en esos momentos, O. Mejía Marulanda, explicaba que… "algunos miembros de las comunidades que tienen ingerencia indirecta en el proyecto se opusieron al desarrollo del proyecto, torpedeando la ejecución de las obras a través de diferentes mecanismos jurídicos". Las razones eran otras.
Los trabajos empezaron el 10 de enero de 2002 y fueron suspendidos el 18 de enero de 2002, debido a que el proyecto se realizaba en un territorio ancestral wayuu y las comunidades no habían sido consultadas, es decir, no se había cumplido el procedimiento idóneo para otorgar la licencia ambiental. Igualmente, el proyecto también impacta el Arroyo Guerrero en donde los wayuu realizan actividades acuícolas y productivas.
Esta obra fue producto de la irracionalidad, imprevisión e improvisación ya que su ejecución se inició sin licencia ambiental en un terreno que se encontraba en litigio en relación con la propiedad. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira- Corpoguajira a través de la Resolución 01747 del 15 de julio de 2002 otorgó la licencia ambiental. Como podemos darnos cuenta, mucho antes de la expedición de esta, la Gobernación de La Guajira había iniciado la construcción de la laguna de oxidación.
Los terrenos adquiridos por el municipio de Riohacha por la suma de $195.3 millones presentaron problemas sobre la legalidad de la compra, lo que se subsanó posteriormente, pero que no ha servido para desenredar el gran nudo que actores administrativos armaron en el 2001, ya que el nuevo escenario de riesgos y problemas que se viene no está precisamente la comunidad. La administración hoy se enfrentará a un millonario restablecimiento del equilibrio económico que con seguridad reclamará la firma contratista al darse la orden de reiniciar las obras.