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Dom, May

Procuraduría pide a la DIAN que informe si hay procesos tributarios a involucrados en corrupción

Nacional
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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la DIAN para que informe si los funcionarios públicos implicados en casos de corrupción han hecho reportes de los dineros que supuestamente han manejado en las acciones que han desatado varios escándalos en el país.

La pide la Procuraduría al director de la DIAN, Santiago Rojas, que diga si hay procesos en la entidad sobre congresistas, magistrados y otros funcionarios y ex funcionarios que son investigados por la Fiscalía y otras entidades de control.

También solicita, en un comunicado, que informe sobre movimientos de divisas realizados por estas personas en nombre propio o a través de sociedades de las que sean accionistas, representantes legales o controlantes.

Según la Procuraduría, la petición busca que los implicados en corrupción recibas "el peso completo de la ley".

El texto del comunicado es el siguiente:


Bogotá, 06 de octubre de 2017.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al director de la DIAN, Santiago Rojas, información sobre la existencia de procesos contra miembros del Congreso de la República, magistrados y otros funcionarios y exfuncionarios involucrados en denuncias de corrupción ante la Fiscalía y los entes de control.

A través de la Delegada para la Economía y Hacienda Pública se busca establecer si estos servidores públicos declararon a la administración de impuestos los ingresos que presuntamente recibieron de empresas o personas naturales con el fin de que favorecieran los intereses de estos en cumplimiento de sus funciones.

Igualmente, pidió información sobre las investigaciones que involucren sociedades en que tales personas aparezcan como representantes legales, accionistas o controlantes, así como los movimientos de divisas realizados por las mismas.

Para la Procuraduría “el objeto de esta solicitud es establecer si todas las posibles repercusiones de conductas irregulares están siendo consideradas por las instancias competentes, de modo que aquellas reciban no solo el rechazo social, sino el peso completo de la ley”.


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