La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección que revise las condiciones de seguridad del gobernador indígena Nasa, Rafael Ulcue Perdomo y le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras ayudar a reubicar a 12 familias campesinas de Caloto, Cauca.
El alto tribunal revisó la situación y determinó que la Unidad debe hacer una nueva evaluación de riesgo, pero esta vez debe hacer alusión a su condición de líder indígena desplazado; deberá utilizar el enfoque diferencial como parte del mé- todo de análisis; y, su decisión final deberá ser proporcional al riesgo que afronta.
La tutela sin embargo, fue más allá, pues gracias a su reclamo la Corte evaluó la situación de 12 familias que fueron beneficiadas con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado colombiano su protección.
El alto tribunal cuestionó que han pasado ocho años y no se ha hecho una evaluación del riesgo colectivo de esta comunidad, por lo que le dice a la UNP que lo haga y la Agencia Nacional de Tierras le ordena que les explique todos los mecanismos que tienen, para que se dé su reubicación.