La entidad aseguró en un comunicado que los constantes enfrentamientos entre los dos grupos para controlar los terrenos que la extinta guerrilla de las FARC dejó tras su desmovilización, han llevado a la vulneración de diversos derechos de la población.
Bogotá, (EFE).- La Defensoría del Pueblo urgió a la guerrilla ELN y a un reducto del EPL, considerado como una banda de narcotraficantes por el Gobierno, a que respeten los derechos humanos de los habitantes del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, y detengan la “escalada de violencia” en la región.
La institución “hace un llamado imperativo” al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Ejército Popular de Liberación (EPL) para que “cesen la confrontación” y “atiendan los reiterados llamados solicitando que esta escalada de violencia en la región del Catatumbo se detenga”.
La entidad aseguró en un comunicado que los constantes enfrentamientos entre los dos grupos para controlar los terrenos que la extinta guerrilla de las FARC dejó tras su desmovilización han llevado a la vulneración de diversos derechos de la población.
“La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”, detalló la Defensoría.
Debido a los enfrentamientos, autoridades locales declararon una situación de emergencia y suspendieron las actividades académicas en los municipios de Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa y Convención.
Los anteriores municipios componen junto a Sardinata la zona del Catatumbo, una selvática región considerada como una de las más convulsas de Colombia por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes y además con una de las áreas con más cultivos de coca del país.
“Para la Defensoría es especialmente preocupante la situación de los niños del Catatumbo que ven afectado su derecho a la educación mientras no haya garantías para transitar libremente por el territorio”, agregó la entidad.
De igual forma, la Defensoría alertó sobre la falta de acceso a los servicios de salud por las amenazas contra el personal médico y “la limitación para llevar a cabo el traslado en ambulancia de personas en estado grave en varios municipios”.
Este lunes, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander (en donde se ubican los municipios que hacen parte del Catatumbo), anunció que se decretó “la emergencia humanitaria para buscar los mecanismos que permitan atender de manera inmediata a todas las personas que están siendo desplazadas” por la violencia.
Unas mil familias se encuentran en tres refugios de la región, además de las personas que “llegan a las cabeceras municipales” al huir de los enfrentamientos entre los grupos armados en las zonas rurales, según Villamizar.
El EPL, también conocido como “Los Pelusos”, comenzó el domingo un “paro armado”, durante el cual se prohíbe “el tráfico de cualquier tipo de automotor”, se ordena “al comercio cesar todo tipo de actividades” y se amenaza con “consecuencias” a quienes no acaten lo estipulado, según difundió la banda en un panfleto. EFE