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Lun, Mar

Autoridades deben brindar mayor protección a víctimas de violencia intrafamiliar

Nacional
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La Corte Constitucional tomó la decisión tras analizar la tutela de una mujer de 60 años quien desde hace más de una década venía denunciando maltrato y amenazas por parte de su pareja, en hechos ocurridos en Cali.

La Corte Constitucional llamó la atención de las autoridades para brindar mayor protección en casos de violencia intrafamiliar, esto tras analizar la tutela de una mujer de 60 años quien desde hace más de una década venía denunciando maltrato y amenazas por parte de su pareja, en hechos ocurridos en Cali. 

El caso sucedió en el sector de Aguablanca, donde la afectada fue agredida por su compañero sentimental, con quien ha vivido por más de 20 años. Los maltratos sufridos por la mujer llevaron a que en 2008, producto de una agresión, quedará inconsciente. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía 38 seccional, la cual no adoptó en su momento medidas de protección. 

La mujer explicó que en 2014 ocurrió una situación similar, cuando su pareja intentó ahorcarla mientras dormía. Por el nivel de agresión la cama se partió, cuenta la víctima. El ataque fue denunciado ante el Centro Atención Integral Víctimas Violencia Sexual de la Fiscalía 57 Seccional, pero la mujer no obtuvo acciones para protegerla. 

Agresiones similares fueron reportadas en dos ocasiones en marzo de 2017, época en la que tampoco se adoptaron decisiones a pesar de la reiteración en los hechos violentos en su contra. 

“Las gestiones de la Fiscalía en casos de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer no se limita a la investigación y procesamiento de las conductas punibles, sino que dicha entidad tiene también a su cargo asegurar la atención y protección de la víctima, disponiendo la concurrencia del resto de actores del sistema de salud y de policía para lograr el restablecimiento provisional de las condiciones de vida de aquella”, dice en la sentencia de la Corte. 

La señora también presentó queja en contra de la Comisaría de Familia a la que se acercó en marzo del 2017, cuando dicha entidad valoró el hecho como un caso de diferencias por temas sexuales y se le propuso una oferta económica para solucionar el tema de la vivienda en la que convivían. 

La mujer explicó que la policía no siempre acudió a su vivienda cuando fue agredida y que cuando lo hicieron le propusieron que abandonara el hogar, hecho al que no puede recurrir debido a su precaria condición económica. 

Ante esta situación, la mujer tuteló sus derechos fundamentales que fueron amparados por la Corte Constitucional en el amparo concedido y donde se ordena a la Comisaría de Familia y a la Fiscalía tomar medidas para la protección de la Mujer. 



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