La Superintendencia visitó la entidad en noviembre.
Según la Superintendencia de Salud, Comfacor no posee las condiciones financieras y de solvencia exigidas por la ley.
También existe un alto índice de endeudamiento, gestión ineficiente en el cobro de deudas, deficiencias en atención a madres y recién nacidos, e incumplimiento en los indicadores de detección de cáncer de cuello uterino.
Durante este año, la Contraloría y la Procuraduría revelaron hechos de corrupción dentro de la entidad, como el desvío de recursos originalmente destinados a supuestos pacientes de VIH cuyos documentos no aparecían en la Registraduría o que ya habían fallecido.
Además, en octubre la Superintendencia les negó el plan de reorganización institucional que según Comfacor, representaba su única opción de salvaguardar su patrimonio y así evitar su liquidación.
La entidad, que atiende a cerca de 600 mil personas, también posee un alto número de tutelas e inconsistencias.
La decisión de la Supersalud es la primera de este tipo en tomarse luego del anuncio del superintendente Fabio Aristizábal, de que se endurecerían las acciones contra las EPS que no cumplieran con las normas.