La expresidenta será juzgada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta para la adjudicación de obra pública.
Los tribunales argentinos cercan a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. A pocos días del receso judicial de verano, el juez Julián Ercolini la procesó este martes por la presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones, una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo.
El fallo incluye también un embargo de 666 millones de dólares contra la exmandataria, una suma enorme que no responde a la dimensión de sus bienes sino a la cantidad de fondos investigados. El dinero no será retirado de las cuentas de Kirchner, quien en 2016 declaró una fortuna personal de 5 millones de dólares.
El procesamiento implica que el juez ha encontrado motivos suficientes para iniciar un juicio contra Kirchner. Este paso permite al magistrado, si lo considera necesario, impedir su salida del país e incluso dictar prisión preventiva sobre la expresidenta. Kirchner no tardó en responder a su procesamiento desde su cuenta en Twitter, con duros ataques al juez.
“Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado, ahora dice que nuestros Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió.
El juez Ercolini investiga una presunta cadena de responsabilidades que arranca en la expresidenta y desciende por toda la estructura oficial de la obra pública. Por eso, el procesamiento no se ha limitado a Kirchner: alcanza también al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a Lázaro Báez, dueño de la empresa investigada y preso por presunto lavado de dinero; y a José López, exsecretario de Obras Públicas. Este último está detenido desde el 14 de junio, cuando la policía lo encontró arrojando bolsos cargados de dólares hacia el interior de un convento en las afueras de Buenos Aires.
Este es el segundo procesamiento judicial contra Kirchner desde que dejó el poder, el 10 de diciembre de 2015. Pero es el primero vinculado a una causa por corrupción. En otra causa, la Justicia argentina investiga a la expresidenta por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central.
En esta, los fiscales denunciaron ante el magistrado que existió un “plan criminal” montado desde la Casa Rosada para favorecer a Austral Construcciones, que durante los años de gestión kirchnerista obtuvo contratos viales por unos 3.300 millones de dólares en la provincia patagónica de Santa Cruz.
Una auditoría de Vialidad Nacional realizada por el Gobierno de Mauricio Macri determinó el pago de sobreprecios de hasta el 50% en algunas de esas obras, que supusieron un monto total de hasta 1.000 millones de dólares.