CARACAS (AP) — La Fiscalía General de Venezuela acusó el jueves al excomandante de la Guardia Nacional por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante las protestas que por tres meses han sacudido al país y han dejado 75 muertos.
El mayor general Antonio Benavides Torres, que fungía hasta la semana pasada como comandante general de la Guardia Nacional, fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 6 de julio, indicó el Ministerio Público en un comunicado. Es el primer oficial de alto rango que es acusado en relación a las acciones represivas de los cuerpos de seguridad durante las protestas.
La citación de Benavides Torres se produce en momentos que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que por años fue cercana al exmandatario Hugo Chávez, se ha convertido recientemente en una severa crítica de Nicolás Maduro. Sería probable que estos cargos tensen aún más la relación entre la fiscal y el mandatario venezolano.
La Guardia Nacional ha sido objeto de duras críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la Fiscalía por su desempeño en la contención de las protestas antigubernamentales, que han dejado 1.400 heridos y más de 500 detenidos. Casi a diario, los guardias nacionales y policías han lanzado bombas lacrimógenas y disparado balas de goma contra los manifestantes.
La Fiscalía indicó en el escrito que hasta el momento trabajan en 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares.
En la mayoría de esos casos se evidenció “el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones”, acotó la Fiscalía.
Ortega Díaz ha presentado numerosos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia para impugnar el llamado del gobernante a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna, todas las cuales han sido rechazadas.
En tanto, el máximo tribunal ha tomado emitido una serie de sentencias contra la fiscal, incluida una que le impide salir del país y ordena el congelamiento de sus cuentas bancarias tras admitir una denuncia del diputado oficialista Pedro Carreño.
El mayor general es uno de los siete funcionarios venezolanos sancionados en 2015 por el expresidente estadounidense Barack Obama, tras ser acusados de violar los derechos humanos durante las protestas que causaron 43 muertes a comienzos del 2014. En diciembre de 2014, Obama promulgó una ley que estipulaba la suspensión de visas y la congelación de activos en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos identificados por el gobierno federal como responsables de violar los derechos humanos durante las protestas callejeras de principios de ese año.
Por su parte, como muestra de su apoyo a la Guardia Nacional, Maduro condecoró en la noche del jueves al coronel Bladimir Lugo, quien dos días antes fue criticado al aparecer en un vídeo donde se le ve empujando al presidente de la Asamblea Nacional y obligarlo a retirarse, tras negarse de manera altanera a dar explicaciones en relación a un incidente en que unas congresistas opositoras presuntamente fueron agredidas por sus subordinados.
Cientos de seguidores de la oposición —que exige elecciones adelantadas y reclaman soluciones a los graves problemas económicos y sociales que azota al país— salieron el jueves una vez más a marchar. La caminata fue nuevamente dispersada con gases lacrimógenos y disparos de escopetas de perdigones, pese a que Maduro ha dicho que esas armas están prohibidas.