Tres diferentes tribunales se han pronunciado de manera distintas; dos de ellos han decidido dar luz verde a la extradición.
Madrid, (EFE).- Las últimas peticiones de extradición de Venezuela, relacionadas con venezolanos investigados por corrupción asentados en España, han dividido a los jueces españoles y puesto sobre la mesa el debate sobre su entrega a un país donde, según ONG y organismos internacionales, se violan los derechos humanos.
La Audiencia Nacional ha celebrado en las últimas semanas tres vistas de extradición de ciudadanos venezolanos que guardan cierta relación con el régimen de Hugo Chávez, pero no ha seguido un criterio unánime.
Tres diferentes tribunales se han pronunciado de manera distinta y mientras dos han decidido dar luz verde a la extradición del matrimonio formado por la que fuera enfermera de Chávez y el jefe de seguridad de fallecido presidente, una tercera sección ha optado por negar la entrega de un venezolano relacionado con el expolio de la petrolera venezolana PDVSA.
Las tres decisiones están recurridas ante el pleno de la Sala de lo Penal, en el caso del matrimonio por sus defensas y en el del excontable de PDVSA por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sí ha mantenido un criterio unánime de mostrarse a favor de las entregas.
"Que el pleno unifique criterios", opinan fuentes de esta Fiscalía consultadas por Efe, y defienden que hay un tratado bilateral de extradición en vigor que puede ser denunciado por el Gobierno español en caso de que Venezuela no de garantías de cumplimiento de los derechos humanos.
Para estas fuentes, las acusaciones de Venezuela contra José Ramón Sánchez Rodríguez, el excontable de PDVSA cuya extradición ha rechazado la Audiencia, son "contundentes" y además cree que no se ha acreditado su conexión con detenidos en Venezuela que denuncian violaciones de sus derechos.
En cambio, la Audiencia sí ha considerado que podría sufrir maltrato si es entregado, como ocurre con dos arrestados de PDVSA, Diego Salazar y Enrique Luongo, que llevan un año en los calabozos del servicio de inteligencia venezolano (Sebin) prácticamente sin ver la luz solar y sin pasar a disposición de un juez.
No lo considera así para la enfermera y el guardaespaldas de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, acusados de haber sustraído dinero público a raíz de las cuentas vinculadas a ellos que aparecieron en los "papeles de Panamá".
En este caso, la Audiencia Nacional entiende que no son opositores del régimen de Nicolás Maduro porque es "continuista" del de Chávez, y que por ello no sufrirán represalias. Ellos, en cambio, temen por su vida.
Amnistía Internacional lo tiene claro y, en su opinión, estos ciudadanos no deberían ser entregados: "La extradición de estas personas, que si bien deben ser investigadas si han cometido delitos, podría ponerles en riesgo de ser víctimas de violaciones a derechos humanos", afirma a Efe Valentina Ballesta, investigadora de esta ONG para Venezuela.
Ballesta relata cómo la organización ha documentado "violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo en Venezuela, así como el uso regular y frecuente de detenciones arbitrarias y de tortura", por lo que insiste en que "podrían ser sometidas a graves abusos si se les extradita".
Reitera que si han cometido delitos no deben quedar impunes y en este sentido cabría la posibilidad de que, si no son entregadas, se les investigara y juzgara en España, siempre a petición de Venezuela.