La citación se produce en momentos que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que por años fue cercana al exmandatario Hugo Chávez, se ha convertido recientemente en una severa crítica de su heredero político, el presidente Nicolás Maduro.
Los médicos ayudan a una mujer que fue afectada por el gas lacrimógeno durante las protestas en Caracas. A la fiscal Luisa Ortega le fueron prohibidas las salidas del país y sus cuentas fueron congeladas tras sus críticas contra el presidente Nicolás Maduro.
Caracas (AP) — La Fiscalía General de Venezuela citó el jueves en calidad de imputado al mayor general Antonio Benavides Torres por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas que sacuden el país casi a diario desde marzo.
Benavides Torres, que fungía hasta la semana pasada como comandante general de la Guardia Nacional, deberá comparecer ante la Fiscalía el 5 de julio, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
La Guardia Nacional ha sido objeto de ásperas críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la Fiscalía General por su desempeño en la contención de las protestas antigubernamentales, que han dejado al menos 75 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.
La Fiscalía indicó en el escrito que hasta el presente adelanta 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares.
En la mayoría de esos casos se evidenció “el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones”, acotó la Fiscalía.
La citación de Benavides Torres se produce en momentos que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que por años fue cercana al exmandatario Hugo Chávez, se ha convertido recientemente en una severa crítica de su heredero político, el presidente Nicolás Maduro.
El Mayor General es uno de los siete funcionarios venezolanos sancionados en 2015 por el expresidente estadounidense Barack Obama, acusados de violar los derechos humanos durante las protestas que causaron 43 muertes a comienzos del 2014.
En diciembre de 2014, Obama promulgó una ley que estipulaba la suspensión de visas y la congelación de activos en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos identificados por el Gobierno Federal como responsables de violar los derechos humanos durante las protestas callejeras de principios de ese año.