La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Oneida Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato estatal.
Al parecer habría otorgado un contrato informático por 20.000 millones de pesos en el 2015, sin cumplir con los principios de la contratación estatal.
Según la Procuraduría dicho proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera.
La Procuraduría cuestionó que Pinto, siendo la máxima responsable de la contratación del departamento, al parecer no actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario.
La presunta falta de los disciplinables fue calificada por la Procuraduría provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima.
